Las recientes declaraciones de la Junta de Usuarios de Riego Irchim sobre los riesgos que representaría la construcción de un dique en medio del cauce del río Santa deben ser tomadas con la mayor seriedad por las autoridades competentes. Lo que inicialmente parecía una controversia local impulsada por las protestas de agricultores de Vinzos y Suchimán, hoy adquiere una dimensión mucho más preocupante al involucrar la posible afectación de una infraestructura hidráulica clave para la actividad agrícola de la provincia del Santa: la Bocatoma La Huaca.
El pasado 3 de junio informamos sobre la preocupación de los agricultores respecto a esta obra ejecutada en el tramo comprendido entre Vinzos y Suchimán. Desde entonces, los pobladores han insistido en que la intervención podría alterar el comportamiento natural del río y generar consecuencias impredecibles durante la temporada de lluvias y avenidas. En aquel momento, algunos consideraron que se trataba de una reacción exagerada. Sin embargo, las advertencias formuladas ahora por especialistas en gestión hídrica demuestran que el tema merece una evaluación técnica profunda y objetiva.
La ingeniera Deysi Castro Burgos, representante de la Junta de Usuarios de Irchim, ha señalado que la presencia del dique podría convertirse en un factor de riesgo si se presentan caudales elevados, como ya ha ocurrido en años anteriores. Según explicó, las rocas utilizadas en la construcción podrían ser desplazadas por la fuerza del agua y terminar acumulándose en sectores críticos, afectando el funcionamiento de la Bocatoma La Huaca. La preocupación no es menor si se considera que el río Santa ha registrado históricamente caudales superiores a los 900 metros cúbicos por segundo durante eventos extraordinarios.
Más allá del debate técnico, existe un principio elemental que debe guiar cualquier intervención sobre un recurso natural tan importante como el río Santa: la prevención. Cuando una obra genera dudas razonables sobre sus posibles impactos ambientales, hidráulicos o sociales, corresponde a las autoridades despejar esas dudas con estudios, información transparente y decisiones sustentadas. Ignorar las advertencias o minimizar las observaciones de quienes conocen el comportamiento histórico del río sería una grave irresponsabilidad.
También resulta preocupante que el tema de la franja marginal y la propiedad de los terrenos involucrados aún no esté completamente esclarecido. La falta de definiciones claras en estos aspectos podría derivar en nuevos conflictos sociales y legales entre pobladores de Áncash y La Libertad. Por ello, es indispensable que las entidades competentes actúen con prontitud para determinar responsabilidades y garantizar que cualquier obra se ejecute dentro del marco legal vigente.
La advertencia está hecha. Ahora corresponde a las autoridades demostrar que están a la altura de las circunstancias. La Autoridad Local del Agua, los gobiernos regionales, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental y las juntas de usuarios tienen la obligación de intervenir con firmeza y transparencia. No se trata de obstaculizar el desarrollo ni de oponerse a las obras de infraestructura, sino de asegurar que estas no terminen convirtiéndose en una amenaza para la población y para el sistema hidráulico que sostiene la agricultura de miles de familias.
Esperar a que ocurra una emergencia para recién actuar sería un error imperdonable. La experiencia demuestra que los desastres suelen anunciarse con señales previas que muchas veces son ignoradas. Hoy esas señales están sobre la mesa. Escucharlas y actuar a tiempo es una responsabilidad que ninguna autoridad debería eludir.