La reunión que sostendrá la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Santa, María Luisa Apaza Panuera, con el Fiscal de la Nación representa una oportunidad importante para enfrentar uno de los principales problemas que afectan actualmente el funcionamiento de la Unidad de Flagrancia Delictiva en esta jurisdicción: la insuficiente presencia de fiscales con dedicación exclusiva.
La creación de las unidades de flagrancia respondió a una necesidad concreta del sistema de justicia peruano: brindar una respuesta rápida frente a los delitos cometidos en el mismo momento de su ejecución o inmediatamente después. El objetivo era evitar la burocracia, reducir los tiempos procesales y ofrecer a la ciudadanía resultados más eficaces en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, en la práctica, estas unidades enfrentan limitaciones que ponen en riesgo su eficacia.
Uno de los problemas más evidentes es la falta de fiscales exclusivamente asignados a la atención de casos de flagrancia. Los representantes del Ministerio Público que acuden a estas unidades suelen compartir esta labor con las funciones propias de los despachos a los que pertenecen. Esto significa que deben dividir su tiempo entre diversas responsabilidades, generando sobrecarga laboral y retrasos que afectan la celeridad que precisamente se busca garantizar.
No se trata de una falta de compromiso de los fiscales. Por el contrario, muchos de ellos realizan esfuerzos extraordinarios para cumplir con todas sus obligaciones. El problema es estructural y tiene una explicación clara: la falta de presupuesto para crear nuevas plazas fiscales, despachos especializados y equipos de apoyo permanentes. Mientras esta situación no sea corregida, las unidades de flagrancia continuarán operando con limitaciones que afectan su rendimiento.
Las consecuencias son evidentes. La coordinación entre las instituciones involucradas Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional y Defensa Pública se vuelve más compleja cuando uno de sus actores principales no cuenta con el personal suficiente para atender la demanda existente. Ello puede traducirse en retrasos, dificultades operativas y una menor capacidad para procesar casos de manera inmediata.
Por ello, la gestión emprendida por la presidenta de la Corte Superior del Santa merece reconocimiento. Buscar una reunión directa con el Fiscal de la Nación demuestra la voluntad de encontrar soluciones concretas y de colocar este problema en la agenda nacional. La justicia rápida no depende únicamente de infraestructura o equipamiento; requiere también recursos humanos especializados y suficientes para cumplir con los objetivos del modelo.
La ciudadanía espera resultados. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de la población y las unidades de flagrancia constituyen una herramienta clave para combatirla. Sin embargo, para que funcionen adecuadamente, deben contar con fiscales exclusivos y con el presupuesto necesario para garantizar su operatividad.
La reunión de este miércoles debe marcar el inicio de una solución definitiva. No basta con reconocer el problema; es necesario adoptar decisiones concretas que permitan fortalecer la Unidad de Flagrancia del Santa. La lucha contra la delincuencia exige instituciones fuertes, coordinadas y dotadas de los recursos necesarios. La población no puede seguir esperando.