La situación del proyecto de protección ribereña del río Lacramarca se ha convertido en el mejor ejemplo de cómo una obra estratégica para la seguridad de miles de familias puede quedar atrapada entre disputas legales, problemas presupuestales y la ausencia de explicaciones claras por parte de las autoridades responsables.
Los datos oficiales son contundentes. El Ministerio de Economía y Finanzas reconoce que la obra tiene un avance físico de 86.68 %, pero también confirma que el contrato fue resuelto y que existe una limitación presupuestal para culminar los trabajos pendientes. Es decir, la obra está prácticamente paralizada y sin financiamiento asegurado para su conclusión.
La pregunta que surge de inmediato es: ¿qué sucederá ahora? Hasta el momento, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad encargada del proyecto, no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre cómo piensa resolver el conflicto contractual ni de dónde obtendrá los recursos adicionales que se requieren, respecto al río que nos interesa como es Lacramarca. El silencio institucional genera preocupación, especialmente porque se trata de una infraestructura diseñada paraa proteger a Chimbote y Nuevo Chimbote frente a posibles inundaciones. Solo han hablado de los ríos del norte.
La preocupación aumenta al observar que el monto de inversión ya supera los 700 millones de soles. Una obra de esta magnitud no puede quedar en una especie de limbo administrativo mientras continúan los arbitrajes y las gestiones presupuestales. Cada día de retraso significa mayores costos, deterioro de estructuras inconclusas y riesgos para la población que espera una solución definitiva al problema de las crecidas del río.
Más inquietante aún resulta que los informes oficiales no establezcan una fecha concreta para la reanudación de los trabajos. El MEF señala que se buscan recursos adicionales, pero no existe garantía de que estos lleguen en el corto plazo. Mientras tanto, el proceso arbitral sigue su curso y mantiene en incertidumbre el futuro contractual del proyecto.
La ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas. ANIN debe informar con transparencia cuál es el estado real del arbitraje, cuánto dinero adicional se necesita para culminar la obra y cuál será el cronograma de ejecución. No basta con señalar que existen problemas heredados o dificultades legales. La población espera soluciones y plazos concretos.
Asimismo, preocupa que las defensas ribereñas de Lacramarca, Casma y Huarmey parezcan haber perdido prioridad dentro de la agenda nacional de infraestructura. Son proyectos fundamentales para la prevención de desastres en Áncash y no pueden seguir postergados mientras otras regiones avanzan en sus inversiones.
La protección del río Lacramarca no es una obra cualquiera. Es una infraestructura vinculada directamente a la seguridad de miles de ciudadanos, a la protección de viviendas, vías de comunicación y actividades económicas. Por ello, el peor escenario sería que la obra permanezca indefinidamente paralizada por falta de recursos y decisiones políticas.
Hoy el MEF advierte que no hay financiamiento suficiente. ANIN guarda silencio. Y la población sigue esperando respuestas. La gran interrogante es si el Estado actuará con la urgencia que demanda esta situación o si el proyecto terminará convirtiéndose en otro símbolo de obras inconclusas que consumen millones sin cumplir oportunamente el objetivo para el que fueron concebidas.