Por: Dr(c). Miguel Koo Vargas
Comunicador y prof. de posgrado
Durante toda la campaña, Roberto Sánchez se presentó como un defensor de la democracia, del respeto a las instituciones y de las reglas del juego.
Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para cualquier demócrata no ocurre cuando gana una elección. Ocurre cuando la pierde.
Si las cifras oficiales, las actas procesadas y los organismos electorales confirman la victoria de Keiko Fujimori, resulta difícil entender por qué algunos sectores insisten en mantener un discurso de sospecha permanente. Una cosa es ejercer el legítimo derecho de impugnar irregularidades específicas y otra muy distinta es alimentar la idea de que cualquier resultado adverso es, por definición, ilegítimo.
La primera vuelta estuvo envuelta en auténticas irregularidades con pruebas de por medio, y nadie dijo nada, salvo López Aliaga. ¿Qué decía Roberto Sánchez en ese momento? Se hacía de la vista gorda y hoy llora por los resultados.
La democracia exige convicciones firmes, pero también coherencia. No se puede defender a las instituciones cuando favorecen nuestras aspiraciones y desconocerlas cuando los resultados nos son incómodos. No se puede pedir respeto a la voluntad popular durante la campaña y luego ponerla en duda cuando las urnas no hablan en nuestro favor.
Lo más preocupante es que este comportamiento no solo afecta a los candidatos involucrados. También erosiona la confianza ciudadana en el sistema democrático. Cada acusación sin sustento, cada intento de prolongar artificialmente una discusión ya resuelta por las autoridades competentes, termina debilitando a las mismas instituciones que se dice defender.
El Perú enfrenta desafíos mucho más urgentes que una disputa interminable sobre resultados ya conocidos. La inseguridad ciudadana continúa golpeando a las familias. La economía sigue sin recuperar plenamente su dinamismo. La informalidad mantiene atrapados a millones de peruanos. La corrupción sigue enquistada en distintas instancias del Estado. Y regiones como Áncash continúan esperando obras, inversiones y oportunidades que permitan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.
Pero si Roberto Sánchez tiene la responsabilidad de aceptar los resultados, Keiko Fujimori también tiene por delante una enorme responsabilidad histórica.
Si efectivamente llega al Gobierno, no bastará con haber ganado una elección. Tendrá que demostrar que es capaz de gobernar para todos los peruanos, incluidos aquellos que votaron en su contra. Tendrá que reconstruir puentes en un país profundamente polarizado, recuperar la confianza de quienes aún mantienen reservas hacia su liderazgo y ofrecer resultados concretos en los problemas que más preocupan a la población.
Su principal reto será la seguridad ciudadana. Los peruanos están cansados de vivir con miedo, de ver crecer la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. También deberá impulsar la inversión privada y la generación de empleo sin descuidar las demandas sociales de millones de ciudadanos que esperan mejores servicios públicos.
Otro desafío será fortalecer las instituciones democráticas. El país ya ha vivido demasiados años de enfrentamientos entre poderes del Estado, vacancias, cierres del Congreso y crisis políticas interminables. El Perú necesita estabilidad, predictibilidad y reglas claras.
Y quizás el reto más importante de todos será demostrar que aprendió de los errores del pasado. La ciudadanía no espera discursos triunfalistas. Espera resultados. Espera un gobierno que resuelva problemas y no que los agrave.
Por eso, más allá de simpatías o antipatías políticas, la democracia exige dos actos de madurez. El primero corresponde a quien pierde: reconocer los resultados. El segundo corresponde a quien gana: entender que la victoria electoral no es un cheque en blanco.
Las campañas terminan. Los votos se cuentan. Las autoridades proclaman los resultados. Y entonces comienza la parte más difícil: gobernar.
Porque en democracia no basta con llegar al poder. Hay que demostrar que se merece.