La advertencia ya no proviene únicamente de los organismos especializados en monitoreo climático. A las alertas emitidas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) y el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), ahora se suma la voz del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) – Consejo Departamental Áncash Chimbote, una institución técnica que conoce de cerca las vulnerabilidades de la provincia del Santa y las consecuencias que han dejado anteriores eventos climáticos extremos.
El reciente pronunciamiento del CIP no debe ser interpretado como una alarma injustificada, sino como un llamado preventivo y responsable. La experiencia demuestra que cuando los especialistas coinciden en señalar riesgos potenciales, las autoridades tienen la obligación de actuar con anticipación y no esperar a que las lluvias, inundaciones o desbordes evidencien aquello que pudo prevenirse.
La provincia del Santa conoce perfectamente los efectos devastadores del Fenómeno El Niño. Las inundaciones de 1983, 1998 y, más recientemente, las lluvias extraordinarias de 2017 dejaron daños millonarios en infraestructura, viviendas, carreteras, establecimientos de salud y centros educativos. Miles de familias fueron afectadas y el Estado tuvo que destinar enormes recursos para la rehabilitación y reconstrucción de zonas dañadas. Sin embargo, muchas de las obras prometidas tras aquellas emergencias aún permanecen inconclusas o presentan retrasos significativos.
Precisamente por ello, resulta pertinente la exhortación realizada por el Colegio de Ingenieros. La prevención no puede limitarse a reuniones, declaraciones o anuncios. Se requiere una intervención concreta en quebradas, drenes, canales, alcantarillas y cauces que históricamente han representado puntos críticos durante las temporadas de lluvias intensas. También es indispensable que los gobiernos locales actualicen sus planes de contingencia y revisen la capacidad de respuesta de sus sistemas de emergencia.
La preocupación del CIP adquiere mayor relevancia cuando se observa que varias obras de protección frente a desastres continúan pendientes. Proyectos estratégicos como las defensas ribereñas del río Lacramarca siguen enfrentando problemas administrativos, contractuales y financieros. Mientras tanto, la población permanece expuesta a los riesgos que representan los eventos climáticos extremos.
Otro aspecto fundamental es la preparación de la ciudadanía. La experiencia demuestra que una población informada y organizada puede reducir considerablemente las pérdidas humanas durante una emergencia. Por ello, las campañas de sensibilización, los simulacros y los sistemas de alerta temprana deben fortalecerse y mantenerse activos durante todo el año.
La prevención también implica una adecuada asignación presupuestal. Históricamente, los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres han sido insuficientes frente a las necesidades existentes. Sin embargo, los costos de la inacción suelen ser mucho mayores. Cada sol invertido en prevención puede evitar gastos considerablemente superiores en reconstrucción y atención de emergencias.
La coincidencia entre Senamhi, ENFEN y ahora el Colegio de Ingenieros constituye una señal que no puede ser ignorada. No se trata de generar temor, sino de asumir con responsabilidad una amenaza que forma parte de nuestra realidad geográfica y climática. Las autoridades aún están a tiempo de actuar. Lo que ocurra en los próximos meses dependerá, en gran medida, de las decisiones que se adopten hoy. La prevención sigue siendo la mejor obra que puede ejecutarse antes de que llegue una nueva emergencia.