El reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) confirma una realidad que los ancashinos padecen desde hace años: el sistema de salud regional se encuentra en una situación crítica y cada vez más cercana al colapso. Que el 93% de los establecimientos de salud del primer nivel tengan una capacidad instalada inadecuada no es simplemente una estadística; es la evidencia de una deuda histórica del Estado con miles de ciudadanos que diariamente buscan atención médica y no la encuentran en condiciones adecuadas.
Las cifras revelan que el problema no es nuevo. Durante los últimos siete años, nueve de cada diez establecimientos de salud y hospitales de Áncash han operado con infraestructura y equipamiento deficientes. Mientras tanto, la población continúa creciendo y las enfermedades complejas, como el cáncer, se convierten en la principal causa de muerte en la región.
Sin embargo, más allá de las cifras regionales, la situación adquiere un rostro dramático en la provincia del Santa. Hace apenas algunas semanas informamos sobre el cierre de las salas de operaciones del Hospital La Caleta, una medida que evidenció la fragilidad del sistema sanitario local. A ello se suma la crítica situación del Hospital III de EsSalud de Chimbote, cuya infraestructura presenta un avanzado deterioro que ha sido denunciado reiteradamente por trabajadores, pacientes y autoridades.
La consecuencia es evidente: miles de asegurados y usuarios de la salud pública enfrentan largas esperas, derivaciones constantes y una creciente incertidumbre respecto a la atención de sus enfermedades. En una ciudad que supera los 400 mil habitantes, resulta inadmisible que sus principales hospitales operen bajo condiciones que ponen en riesgo la calidad y oportunidad de los servicios.
Otro dato preocupante es la escasez de médicos. Áncash cuenta con apenas ocho médicos por cada diez mil habitantes en el sector público, ubicándose entre las regiones con menor cobertura del país. Esta carencia se refleja en consultorios saturados, citas postergadas y una atención insuficiente frente a la creciente demanda.
A ello se añade el desabastecimiento de medicamentos esenciales, que obliga a muchas familias a gastar de su propio bolsillo para continuar tratamientos que deberían estar garantizados por el sistema público. Para quienes viven en condiciones económicas precarias, esta situación puede significar la diferencia entre continuar un tratamiento o abandonarlo.
Resulta igualmente preocupante que, pese a contar con mayores presupuestos para inversión en salud, las entidades responsables no logren ejecutar oportunamente los recursos disponibles. De poco sirve anunciar millonarias partidas si estas permanecen inmovilizadas mientras los hospitales se deterioran y la población espera soluciones.
La reactivación del Hospital de Caraz constituye una noticia positiva, pero no puede convertirse en una excepción aislada. Áncash necesita una política integral de fortalecimiento de la salud pública que priorice la modernización de hospitales estratégicos como La Caleta y el Hospital III de EsSalud, así como la construcción y equipamiento de nuevos establecimientos capaces de responder a las necesidades actuales de la población.
La crisis sanitaria de Áncash ya no admite diagnósticos ni promesas. Los problemas están identificados desde hace años y las consecuencias son visibles. Lo que falta es decisión política, capacidad de gestión y un compromiso real de las autoridades nacionales y regionales para garantizar un derecho fundamental: el acceso oportuno y digno a la salud.
Porque cuando los hospitales colapsan, no fracasa únicamente una institución; fracasa el Estado en su obligación más elemental de proteger la vida de sus ciudadanos.