El proceso electoral peruano entra en su etapa decisiva y, como ocurre en toda democracia, los resultados finales deben ser aceptados por quienes participan en la contienda. Sin embargo, las recientes declaraciones del candidato presidencial Roberto Sánchez, quien insiste en cuestionar el resultado electoral y promover la nulidad de votos emitidos en el extranjero, abren un debate sobre la responsabilidad política de los candidatos frente a la voluntad popular.
Durante la campaña y antes de conocerse los resultados preliminares, Sánchez aseguró que respetaría el veredicto de las urnas. Hoy, cuando las cifras le son adversas, su posición parece haber cambiado. Si bien toda organización política tiene el derecho de utilizar los recursos legales que contempla la legislación electoral, también es cierto que la legitimidad de esos recursos depende de la existencia de pruebas sólidas y no de percepciones o expectativas políticas.
Las instituciones encargadas de observar el proceso electoral, entre ellas Transparencia, así como organismos internacionales como la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter, han señalado que no existen evidencias de irregularidades que hayan alterado la voluntad ciudadana. Estos pronunciamientos fortalecen la confianza en un sistema electoral que, pese a las tensiones propias de una elección reñida, ha cumplido con los estándares democráticos establecidos.
Resulta comprensible que una diferencia estrecha genere preocupación e incluso frustración en quienes no alcanzan el resultado esperado. No obstante, alimentar dudas sin sustento suficiente puede afectar la estabilidad institucional y debilitar la confianza de los ciudadanos en la democracia. Los candidatos tienen la obligación de actuar con prudencia, especialmente cuando sus declaraciones pueden influir en miles de seguidores.
La democracia no consiste únicamente en competir para ganar; también implica saber reconocer una derrota cuando las autoridades electorales competentes han concluido su labor. La fortaleza de las instituciones democráticas se mide precisamente en esos momentos: cuando quienes participan aceptan las reglas del juego incluso cuando los resultados no les favorecen.
El Perú necesita cerrar este proceso electoral con serenidad y respeto. Los recursos legales deben seguir su curso, pero una vez agotadas todas las instancias, corresponde a los actores políticos actuar con madurez democrática. La ciudadanía espera de sus líderes coherencia entre lo que prometen antes de la elección y lo que hacen después de conocer los resultados.
La defensa de la democracia comienza por respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Esa debe ser la principal responsabilidad de quienes aspiran a gobernar el país.