Por: PRYSYLA STHEFFANY FLORES MATIENZO
Abogada – Docente Universitaria – Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo
La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos estructurales del Perú. A pesar de las reformas normativas, los esfuerzos de fiscalización y las campañas de concientización desarrolladas durante los últimos años, millones de trabajadores continúan desempeñando actividades sin acceso a derechos laborales básicos.
La existencia de contratos formales, seguridad social, vacaciones, gratificaciones y protección frente al despido arbitrario debería constituir la regla. Sin embargo, en muchos sectores económicos sigue siendo la excepción.
Frente a esta realidad, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos de los trabajadores. Su función consiste en supervisar el cumplimiento de la normativa laboral y promover condiciones de trabajo dignas dentro del marco legal vigente.
No obstante, la magnitud del problema supera ampliamente las capacidades de cualquier entidad fiscalizadora.
La informalidad no surge únicamente por falta de supervisión. También responde a factores económicos, culturales y estructurales que han acompañado al país durante décadas.
En regiones como Áncash, donde coexisten actividades vinculadas al comercio, pesca, construcción, transporte y servicios, miles de trabajadores desarrollan sus labores sin contratos escritos, sin cobertura de salud y sin aportes previsionales.
La consecuencia es evidente: trabajadores expuestos a situaciones de vulnerabilidad permanente.
Desde una perspectiva jurídica, la informalidad implica mucho más que el incumplimiento de obligaciones administrativas. Representa una limitación directa al ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la dignidad humana, la protección social y la igualdad de oportunidades.
Por ello, el debate no debe centrarse únicamente en el incremento de multas o sanciones.
La verdadera discusión debe orientarse hacia la construcción de un entorno que incentive la formalización.
Las empresas necesitan reglas claras, procedimientos simples y condiciones que faciliten el cumplimiento normativo. Del mismo modo, los trabajadores requieren información adecuada sobre sus derechos y mecanismos accesibles para exigir su protección.
La fiscalización sigue siendo necesaria, especialmente frente a conductas empresariales que buscan obtener ventajas económicas incumpliendo obligaciones laborales. Sin embargo, la experiencia demuestra que la formalización sostenible exige medidas complementarias que promuevan competitividad, productividad y desarrollo empresarial.
La lucha contra la informalidad constituye uno de los mayores retos de la gestión pública moderna.
No se trata únicamente de incrementar estadísticas de inspección o imponer sanciones.
Se trata de construir un mercado laboral donde el respeto a los derechos fundamentales sea compatible con el crecimiento económico y la generación de empleo.
Porque detrás de cada cifra sobre informalidad existe una persona, una familia y un proyecto de vida que merece protección.
Y ningún país puede aspirar a un desarrollo sostenible mientras millones de trabajadores permanezcan al margen de la protección que la ley les reconoce.