La reciente advertencia de la Contraloría General de la República sobre la rehabilitación del canal de riego 29.1 de Cascajal Izquierdo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que merece un análisis profundo: ¿es realmente conveniente que una obra pública de esta naturaleza sea ejecutada mediante un núcleo ejecutor?
Los hechos son claros. El proyecto nació bajo la responsabilidad del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Sin embargo, después de una accidentada primera etapa, marcada por el abandono de la obra por parte de la empresa Minero Libra SAC, la resolución del contrato, un arbitraje inconcluso y la necesidad de recuperar más de 242 mil soles, la ejecución fue transferida a un núcleo ejecutor conformado por usuarios de riego.
La decisión no deja de generar interrogantes. Si una empresa contratista formal, sometida a requisitos técnicos, financieros y legales, incumplió sus obligaciones; y si además las entidades públicas, pese a contar con funcionarios especializados, gerentes, ingenieros, abogados y profesionales con grados académicos, frecuentemente enfrentan problemas de gestión y control, resulta legítimo preguntarse si un núcleo ejecutor cuenta con las capacidades suficientes para garantizar una ejecución eficiente, transparente y libre de cuestionamientos.
Los núcleos ejecutores fueron concebidos para facilitar la participación ciudadana y acelerar inversiones en determinadas circunstancias, especialmente en zonas rurales. Su principal fortaleza es el conocimiento directo de las necesidades locales y el compromiso de los propios beneficiarios con la obra. Sin embargo, administrar recursos públicos implica mucho más que buena voluntad. Requiere capacidad técnica, manejo administrativo, control financiero, cumplimiento normativo y una permanente rendición de cuentas.
Precisamente por ello, la información sobre el avance físico y financiero del canal 29.1 debería ser pública y actualizada de manera permanente. Los agricultores beneficiarios y la ciudadanía tienen derecho a conocer cuánto se ha ejecutado, qué metas se han cumplido y cuáles son los plazos reales para culminar la obra. La transparencia no puede depender únicamente de los informes de la Contraloría cuando surgen observaciones.
Además, preocupa que mientras la nueva etapa de ejecución avanza, todavía existan procesos pendientes relacionados con la recuperación de recursos derivados del primer contrato fallido. La demora de más de siete meses para iniciar acciones concretas destinadas a ejecutar la carta fianza evidencia debilidades administrativas que no deberían repetirse en una inversión financiada con dinero público.
Nadie cuestiona la necesidad de rehabilitar los 5.7 kilómetros de infraestructura de riego que beneficiarán a los agricultores de Cascajal. Se trata de una obra importante para la producción agrícola y para la economía local. Lo que corresponde es asegurar que los más de siete millones de soles comprometidos se traduzcan en resultados concretos y duraderos.
La Contraloría ha cumplido con alertar. Ahora corresponde al PSI, al Núcleo Ejecutor y al Midagri demostrar que el modelo elegido puede responder a las expectativas de eficiencia y transparencia. Porque cuando se trata de recursos públicos, la confianza no se pide: se gana con resultados y con una gestión abierta al escrutinio ciudadano.