La ejecución de la inversión pública en Áncash durante el primer semestre de 2026 deja más preguntas que respuestas. Las cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas muestran una realidad preocupante: mientras las necesidades de infraestructura, servicios básicos y cierre de brechas sociales siguen siendo enormes, los recursos disponibles no se están transformando en obras al ritmo que la población espera.
El Gobierno Regional de Áncash apenas ha ejecutado el 29 % de su presupuesto de inversión pública al cierre de junio. Este porcentaje lo ubica en los últimos lugares del ranking nacional, muy por debajo de regiones como Ica, Junín, Amazonas y Pasco, que han logrado superar el 55 % de ejecución. La comparación resulta inevitable y demuestra que el problema no radica únicamente en la disponibilidad de recursos, sino principalmente en la capacidad de gestión.
La situación tampoco es alentadora en varios gobiernos locales. Aunque existen casos destacables como Nuevo Chimbote, Coishco y Macate, que muestran niveles de ejecución superiores al 50 %, la mayoría de municipalidades se encuentra lejos de alcanzar un desempeño satisfactorio. Algunas, incluso, presentan avances que apenas superan el 20 %, mientras otras no llegan ni al 16 % de ejecución de sus presupuestos de inversión.
Lo más preocupante es que esta baja ejecución ocurre en un contexto particularmente favorable para la región. Entre enero y abril de este año, Áncash recibió más de 784 millones de soles por concepto de canon minero, regalías y otros recursos vinculados a la actividad extractiva. Se trata de la mayor transferencia registrada entre todos los departamentos del país, equivalente al 19 % del total nacional.
Es decir, el problema no es la falta de dinero. Los recursos existen y continúan llegando gracias a la actividad minera y a los altos precios internacionales de los metales. Lo que falta es capacidad para convertir esos recursos en proyectos concretos que mejoren la calidad de vida de la población. Hospitales, colegios, sistemas de agua y saneamiento, carreteras, obras de prevención ante desastres y proyectos productivos siguen esperando mientras los fondos permanecen sin utilizarse o avanzan con excesiva lentitud.
La población tiene derecho a preguntarse por qué, teniendo recursos históricos, las obras no avanzan al mismo ritmo. También corresponde exigir explicaciones a las autoridades regionales y municipales sobre los obstáculos que impiden acelerar la inversión pública. Los problemas administrativos, la falta de expedientes técnicos adecuados, la limitada capacidad de gestión o los constantes cambios de funcionarios no pueden convertirse en excusas permanentes.
La inversión pública es una herramienta fundamental para impulsar el desarrollo regional. Cada sol que no se ejecuta oportunamente representa una oportunidad perdida para generar empleo, dinamizar la economía local y atender necesidades urgentes de miles de familias ancashinas.
Áncash dispone hoy de recursos que muchas regiones del país quisieran tener. Sin embargo, la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias de las entidades públicas ni en los reportes de transferencias del canon minero. La verdadera riqueza se refleja en obras terminadas, servicios de calidad y mejores condiciones de vida para la población. Mientras eso no ocurra, las cifras millonarias seguirán siendo motivo de preocupación antes que de celebración.