La historia de la carretera Santa–Chuquicara se ha convertido en un símbolo de la ineficiencia del Estado. Lo que debió ser un proceso técnico razonable para ejecutar el mantenimiento de una vía fundamental para el desarrollo de Áncash se ha transformado en una interminable cadena de trámites, observaciones, revisiones y excusas que parecen no tener fin.
Han pasado más de quince meses desde que se adjudicó el proyecto y la población sigue viendo exactamente el mismo panorama: polvo, huecos, deterioro y abandono. Lo único que ha avanzado con rapidez son los documentos, los informes y las reuniones. La carretera, en cambio, sigue esperando.
Esta semana, durante el X Consejo de Estado Regional, el alcalde de Santa, Alex Motta Borjas, acompañado de la vicegobernadora regional Angelly Chávez, tuvo que volver a insistir ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para exigir la aprobación del famoso Diseño Ejecutivo del Programa Técnico (DEPT). Resulta increíble que una autoridad local tenga que viajar una y otra vez a Lima para pedir que los funcionarios cumplan con una tarea que forma parte de sus obligaciones.
¿Hasta cuándo continuará esta situación? ¿Cuánto tiempo más necesita el MTC para aprobar un expediente? ¿Acaso los funcionarios conocen el estado real de la carretera? ¿Han recorrido alguna vez los más de sesenta kilómetros de una vía que hoy representa un peligro permanente para transportistas, agricultores y pasajeros?
Mientras en las oficinas se revisan papeles, en la realidad los ciudadanos pagan las consecuencias. Los vehículos sufren daños constantes, los costos de transporte aumentan y los vecinos de Santa continúan respirando polvo todos los días. El perjuicio económico y social es enorme, pero parece no figurar en los informes que circulan entre escritorios.
Lo más preocupante es que la demora ya no puede atribuirse únicamente a procedimientos técnicos. Cuando un expediente permanece más de un año en evaluación, lo que existe es una evidente incapacidad de gestión. El Estado demuestra una vez más que puede ser extraordinariamente eficiente para generar trámites, pero extraordinariamente lento para resolver los problemas de la población.
El caso Santa–Chuquicara también evidencia el excesivo centralismo que aún domina las decisiones públicas. Desde Lima se decide el futuro de una carretera que miles de ancashinos utilizan diariamente, pero quienes toman las decisiones no sufren el polvo, no esquivan los huecos ni arriesgan sus vehículos en una vía cada vez más deteriorada.
Lo más grave es que el tiempo juega en contra. Cada mes de retraso significa una carretera más destruida y una intervención futura más costosa. El Estado termina gastando más recursos precisamente por no actuar a tiempo. Es la lógica absurda de la burocracia peruana: dejar que el problema crezca mientras se siguen acumulando expedientes.
La población ya está cansada de anuncios, reuniones y compromisos. Lo que exige son máquinas trabajando y obras ejecutándose. El MTC debe entender que la paciencia ciudadana tiene límites. La aprobación del DEPT no puede seguir durmiendo en algún escritorio de Lima mientras Santa y todo su valle continúan esperando una solución que debió llegar hace mucho tiempo.
La pregunta sigue siendo la misma y cada día adquiere mayor fuerza: ¿hasta cuándo seguirá el Ministerio de Transportes administrando la demora en lugar de resolver el problema?