Por : Walter Miguel Quito Revello
Mientras existió supervisión fuerte, disciplina administrativa y control institucional, la cooperativa podía mantenerse a flote. El Estado con todos sus defectos todavía actuaba como una fuerza de contención frente a la improvisación y la captura interna. Pero cuando el Estado se desentendió, comenzó el deterioro profundo. Los controles se debilitaron. La disciplina se erosionó. Las luchas internas crecieron. Los intereses individuales empezaron a imponerse sobre el interés colectivo. Ese fue el gran problema.
Ni el cooperativismo, ni la propiedad privada funcionan por sí solos. Ningún sistema se sostiene solo por decreto. Todo depende, al final, del factor humano. Depende de la ética. Depende de la identidad. Depende de la capacidad de pensar más allá del beneficio inmediato. Cuando eso desaparece, cualquier modelo empieza a resquebrajarse. Eso fue lo que pasó en San Jacinto.
Pero aún no había llegado la verdadera tragedia. La verdadera tragedia vendría después. Y no vendría desde adentro. Vendría desde afuera. Vendría con decretos, normas, operadores financieros y una nueva lógica de poder. Vendría en nombre de la modernización. Vendría en nombre de la eficiencia. Vendría en nombre del mercado. Y muchos, sin darse cuenta, aplaudirían su propia ruina.
Parte II: Del socio al obrero otra vez
Cuando llegó al poder Alberto Fujimori, el Perú entró en una transformación radical. El discurso era claro: el Estado era ineficiente, las empresas colectivas eran ineficaces y el mercado resolvería lo que la intervención pública había estropeado. Bajo esa lógica, el cooperativismo agrario pasó a ser visto como una reliquia del pasado. Las cooperativas azucareras debían reestructurarse. Debían “modernizarse”. Debían abrirse al capital. En el lenguaje político sonaba elegante. En la práctica, significó exponerlas a actores mucho más poderosos que los propios trabajadores. Aquí es donde la historia de San Jacinto deja de ser solo un caso económico y se convierte en una lección de poder.
La llamada Comisión Diez Canseco investigó la transferencia de acciones de Agroindustrias San Jacinto y sus hallazgos fueron demoledores. El informe reveló que el control accionario de San Jacinto terminó concentrándose en grupos económicos mediante operaciones seriamente cuestionadas. Y aquí aparece una verdad incómoda. A muchos socios no les compraron libremente sus acciones. Se las compraron en condiciones de necesidad extrema.
El hambre también negocia. Pero negocia mal. Cuando una persona necesita dinero urgente para sobrevivir, no vende desde la libertad. Vende desde la desesperación. Eso fue lo que pasó. Acciones cuyo valor nominal era de diez soles fueron adquiridas, en muchos casos, por apenas un sol. Diez veces menos. No era una negociación entre iguales. Era una relación brutalmente desigual. De un lado estaban trabajadores endeudados, golpeados por la crisis y sin liquidez. Del otro lado estaban operadores con dinero, información privilegiada y acceso al sistema financiero.
La partida estaba arreglada desde el inicio. Y aquí aparece el elemento más delicado. La comisión señaló que ciertas normas emitidas durante el fujimorismo favorecieron, de hecho, estas operaciones. Eso lleva a una conclusión inquietante. La privatización de San Jacinto no fue simplemente el resultado espontáneo del mercado. Hubo ingeniería legal. Hubo diseño normativo. Hubo decisiones políticas. En otras palabras: no solo hubo una crisis interna. También existió una captura externa.
Por eso resulta insuficiente decir: “La cooperativa fracasó porque los socios administraron mal.” Sí, hubo errores internos. Sí, hubo clientelismo. Sí, hubo luchas de poder. Pero eso no explica toda la historia. San Jacinto también fue objeto de una transferencia estructural del poder económico. Los trabajadores dejaron de controlar la empresa. El control pasó a manos de grupos con capacidad financiera superior. Y así ocurrió la tragedia final. El socio dejó de ser socio.
Volvió a ser obrero. La historia dio una vuelta completa. Antes de la reforma agraria era obrero de hacienda. Después de la reforma fue socio cooperativista. Después de la privatización volvió a ser obrero. Solo que esta vez ya no tenía hacendado tradicional enfrente. Ahora tenía corporaciones, bancos y estructuras financieras mucho más sofisticadas. Eso debería obligarnos a pensar. Porque la pregunta no es solo qué falló en el cooperativismo. La pregunta también es: ¿qué tipo de modernización se construyó? Si modernizar significa concentrar riqueza, debilitar a los trabajadores y transferir poder hacia grupos económicos, entonces no hablamos de progreso. Hablamos de reemplazar un patrón por otro. Tal vez con mejor traje. Tal vez con mejores abogados. Tal vez con balances más elegantes. Pero patrón al fin.
San Jacinto deja una lección que sigue viva hasta hoy. Ni la reforma agraria fue el paraíso. Ni la privatización fue la salvación. Ambos sistemas dependieron del ser humano que los administró. Ese es el punto central. Ninguna estructura económica, por sí sola, garantiza justicia. La justicia requiere ética. Requiere identidad. Requiere memoria. Y sobre todo, requiere comunidad. Cuando una comunidad pierde el sentido colectivo, cualquier modelo sea estatal, cooperativo o privado termina siendo devorado por la codicia.
Quizá la gran tragedia de San Jacinto no fue solo económica. Fue moral. Se perdió algo más profundo que acciones. Se perdió la conciencia de pertenencia. Y cuando un pueblo pierde eso, ya no necesita enemigos externos para caer. Empieza a destruirse desde adentro. Y entonces llegan los de afuera. No para construir. Sino para recoger lo que queda.