El anuncio realizado por la EPS Sedachimbote de iniciar acciones legales contra los responsables de las fallidas obras del Pozo Tubular 18 y el Reservorio 4 constituye una decisión que merece respaldo. No se trata únicamente de dos proyectos paralizados, sino de dos inversiones financiadas con recursos públicos que, en lugar de mejorar el servicio de agua potable para la población, terminaron convertidas en ejemplos de deficiente ejecución, presuntas irregularidades y un grave perjuicio para el Estado y los usuarios.
Nuestro Diario informó hace aproximadamente una semana que el Pozo 18 había colapsado por segunda vez. La primera ocurrió apenas unos días después de su inauguración, en septiembre de 2024, cuando la infraestructura fue presentada con la presencia de autoridades regionales y nacionales. Aquella falla temprana ya había encendido todas las alarmas porque evidenciaba que algo no estaba bien en una obra valorizada en más de un millón cuatrocientos mil soles y financiada por el OTASS.
Posteriormente, la Contraloría General de la República confirmó mediante un informe de control que el contratista había instalado un motor usado en lugar de uno nuevo, entre otras observaciones técnicas. Ese hallazgo debía marcar un punto de quiebre para que se establecieran responsabilidades y se corrigieran definitivamente las deficiencias. Sin embargo, casi dos años después, el mismo pozo vuelve a colapsar por la rotura del eje vertical, demostrando que el problema nunca fue solucionado de manera integral.
El caso del Reservorio 4 resulta igualmente escandaloso. Las imágenes difundidas por la propia empresa muestran filtraciones de agua por la estructura y la necesidad de demoler una infraestructura que demandó una inversión millonaria. Es inadmisible que obras destinadas a garantizar un servicio básico terminen convertidas en monumentos al desperdicio de recursos públicos.
Lo más importante del anuncio formulado por el presidente del directorio de Sedachimbote es que, finalmente, se ha decidido acudir a las instancias judiciales y administrativas para identificar y sancionar a quienes resulten responsables. Esa decisión no debe quedarse en una conferencia de prensa ni convertirse en un simple gesto político. Debe traducirse en denuncias concretas, investigaciones fiscales rigurosas y procesos judiciales que permitan recuperar los recursos afectados y sancionar a quienes incumplieron sus obligaciones.
También corresponde que la Contraloría continúe acompañando este proceso. Sus informes ya identificaron deficiencias importantes y ahora será fundamental que las entidades competentes articulen esfuerzos para que los hechos no queden impunes. La experiencia demuestra que muchas observaciones terminan archivadas sin consecuencias, alimentando la sensación de que la corrupción y la negligencia no reciben castigo.
La ciudadanía necesita recuperar la confianza en las instituciones. Esa confianza solo será posible cuando las obras públicas se ejecuten con calidad, cuando los funcionarios supervisen adecuadamente los proyectos y cuando quienes ocasion en perjuicios al Estado respondan civil, administrativa y penalmente.
El Pozo 18 y el Reservorio 4 no deben convertirse en un capítulo más de la larga lista de obras defectuosas que abundan en el país. Deben ser el precedente que marque un antes y un después en la gestión de Sedachimbote. Si las denuncias llegan hasta el final y se sanciona a los responsables, se habrá dado un paso importante para demostrar que el dinero de todos los peruanos merece respeto y que la impunidad ya no puede seguir siendo la regla.