Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente Universitaria – Especialista Legal en Gestión Pública y Derecho Administrativo
La expansión del crimen, la extorsión y la violencia cotidiana exige una respuesta de Estado que supere la reacción política, la improvisación y el uso simbólico de la autoridad.
Hablar hoy del Perú es hablar, inevitablemente, de miedo. Miedo a salir de casa de noche, miedo a que un pequeño negocio reciba una amenaza extorsiva, miedo a que el transporte público se convierta en escenario de violencia, miedo a que la autoridad llegue tarde o simplemente no llegue. La inseguridad ciudadana ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en una de las principales expresiones del deterioro institucional del país. Y, sin embargo, la respuesta pública continúa atrapada entre declaraciones de emergencia, anuncios coyunturales y medidas que buscan impacto mediático, pero no resultados sostenibles.
El problema no es nuevo, pero sí es más grave. La criminalidad ya no opera solo como delincuencia común; en muchas zonas del país funciona con lógica de organización, control territorial, financiamiento ilícito y capacidad de intimidación sistemática. La extorsión, el sicariato, el cobro de cupos y la amenaza a comerciantes, transportistas y emprendedores han dejado de ser hechos aislados para convertirse en parte de la vida cotidiana. Lo preocupante no es únicamente la expansión del delito, sino la sensación de normalización que empieza a instalarse en la ciudadanía.
Desde una perspectiva jurídica e institucional, la inseguridad no puede analizarse únicamente como un problema policial. También es una crisis de coordinación estatal, de inteligencia, de sistema de justicia, de control territorial y de capacidad preventiva. El Estado llega tarde porque no ha construido una política integral que articule a la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, los gobiernos locales y los sistemas de información criminal bajo objetivos comunes, métricas verificables y liderazgo técnico.
Durante años se ha insistido en respuestas visibles pero insuficientes: operativos sin continuidad, estados de emergencia sin evaluación, cambios de ministros sin estrategia, discursos de mano dura sin fortalecimiento institucional. Pero la seguridad no se recupera con conferencias de prensa ni con el simple endurecimiento retórico del poder. Se recupera cuando la denuncia es atendida, cuando la investigación criminal funciona, cuando el proceso judicial no se diluye y cuando el ciudadano percibe que la ley tiene capacidad real de protegerlo.
En ese punto, el papel de los gobiernos locales también merece una revisión seria. La seguridad no depende solo del Ejecutivo. La prevención del delito, la recuperación del espacio público, la iluminación urbana, el ordenamiento del comercio informal en zonas críticas, la articulación con serenazgo y la vigilancia focalizada forman parte de una agenda municipal que no puede seguir tratándose como secundaria. Allí donde el Estado local es débil o está descoordinado, la criminalidad encuentra terreno fértil para crecer.
La otra dimensión que no puede ignorarse es la social. No porque la pobreza justifique el delito, sino porque un país que normaliza la precariedad educativa, el abandono juvenil, la informalidad extrema y la ausencia de oportunidades crea condiciones de vulnerabilidad que terminan siendo aprovechadas por economías ilegales. La lucha contra la criminalidad no se agota en capturar delincuentes; también exige evitar que miles de jóvenes encuentren en la ilegalidad una vía más accesible que la escuela, el empleo o la ciudadanía.
Por eso, la gran pregunta ya no es si el país necesita más patrulleros o más operativos, sino si tiene la voluntad de construir una política de seguridad que sobreviva a los cambios de gabinete y a la ansiedad electoral. El Perú no puede seguir combatiendo al crimen con respuestas fragmentadas mientras las organizaciones delictivas actúan con lógica de permanencia. Se necesita una estrategia nacional con inteligencia, interoperabilidad, trazabilidad del delito, fortalecimiento fiscal y judicial, y una política preventiva que no dependa del titular de turno.
La inseguridad ya no se combate con discursos. Se combate con Estado, con coordinación, con autoridad legítima y con instituciones que funcionen. Mientras eso no ocurra, el país seguirá administrando el miedo en lugar de recuperar la tranquilidad que una democracia debe garantizar a sus ciudadanos.