Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
Hace unas semanas, en un caserío de la sierra central, se le preguntó en tono de broma a un niño que debe bordear los cinco años: “¿Por quién votaste?”. El niño, sin dudar, respondió: “Voté por JP”. Al repreguntarle por qué, contestó con una frase que debería estremecernos: “Porque si no votamos por JP vendrán los otros a matar al pueblo”. Cuando le preguntaron quién le había dicho eso, respondió con inocencia: “Mi maestra”.
La escena sería apenas una anécdota si no revelara algo más grave. Ese niño vive en un pequeño caserío donde, durante los años ochenta y noventa, Sendero Luminoso asesinó a autoridades, maestros, vecinos y hasta familiares del propio niño. Allí se vivió el terror en su forma más brutal. Sin embargo, décadas después, la semilla del miedo, el odio y la mentira sigue encontrando terreno fértil en las aulas.
Esa es la verdadera alarma. Durante años, en muchas escuelas y universidades del país, no se ha educado para la libertad de pensamiento, sino para la obediencia ideológica. Bajo el disfraz de formar “conciencia crítica” o “compromiso social”, se ha confundido formación con adoctrinamiento. Se presenta como verdad absoluta lo que muchas veces no es más que una narrativa sesgada de la realidad; se demoniza al que piensa distinto y se siembra en los jóvenes la idea de que el mérito, el esfuerzo y el progreso son sospechosos.
El resultado está a la vista: jóvenes que desconfían de su país, que miran con resentimiento a quien progresa, que no valoran suficientemente la libertad ni la democracia, y que repiten consignas antes de haberlas pensado. No se trata de negar los problemas sociales del Perú. Existen pobreza, abandono, desigualdad y falta de oportunidades. Pero una cosa es enseñar a comprender esos problemas y otra muy distinta es formar generaciones desde el resentimiento y el odio.
La historia también ha sido distorsionada. En lugar de enseñar con rigor lo ocurrido —desde la independencia hasta la lucha contra el terrorismo—, se presentan relatos parciales y cargados de narrativa ideoloca. Nuestros héroes son reducidos a caricaturas o convertidos en villanos, mientras que quienes sembraron violencia y terror aparecen como víctimas, luchadores sociales o supuestas expresiones de protesta. Así se banaliza el crimen, se relativiza a las víctimas y se confunde memoria con revancha.
Durante demasiado tiempo se relativizaron los crímenes de Sendero Luminoso y del MRTA; se silenció el dolor de miles de peruanos y se instaló la idea de que no hubo mal absoluto, sino apenas “conflictos sociales complejos”. Una escuela que enseña así deja de ser un espacio para formar conciencia moral y se convierte en un terreno para justificar ideologías. Y cuando una sociedad pierde claridad sobre su pasado, queda expuesta a repetir sus tragedias.
La captura ideológica de la educación también vació de autoridad al Estado. Se enseñó a desconfiar de toda autoridad como si mandar fuera siempre abuso y obedecer la ley fuera sumisión. No se explicó que la autoridad legítima existe para proteger derechos, garantizar orden y abrir caminos de libertad. Sin autoridad no hay reglas; sin reglas no hay justicia; y sin justicia no hay paz.
Esto también alcanzó a instituciones del propio Estado. Incluso en espacios de formación policial, cursos de ascenso o especialización, bajo el lenguaje de los “derechos humanos”, a veces se promovieron lecturas orientadas más a sembrar desconfianza sobre la autoridad que a fortalecer una actuación legal, técnica y ética. Capacitar en derechos humanos es indispensable en democracia; convertir esa capacitación en adoctrinamiento disfrazado debilita la moral de quienes tienen la misión de proteger a los ciudadanos.
El Perú no necesita orientar a sus estudiantes hacia utopías de igualdad que desincentivan el esfuerzo y la excelencia. Necesita enseñar que el valor de una persona no depende de cuánto tiene, sino de cómo usa sus talentos para construir y servir. La gran tarea del Estado no es prometer que todos llegarán al mismo lugar, sino garantizar igualdad de oportunidades: que ningún niño quede atrás por su origen, sus recursos o sus conexiones.
Eso exige una educación de calidad desde la primera infancia, escuelas dignas, maestros bien preparados y evaluados, una currícula centrada en pensamiento crítico, verdad histórica y bien común. Exige recuperar una educación cívica seria, que enseñe la Constitución, los derechos y los deberes. Exige promover el pensamiento crítico, no el pensamiento único; fortalecer a la familia y a las comunidades educativas como aliados del Estado; evaluar para mejorar, no para castigar; y premiar el mérito, el esfuerzo y la innovación.
También exige que el Estado llegue donde hoy está ausente. Allí donde la escuela no llega, llegan la indiferencia y los discursos de odio. Allí donde no hay obras ni servicios, crecen el resentimiento y la sed de venganza. Si no ofrecemos oportunidades reales, otros ofrecerán narrativas de victimización y violencia. El Estado debe llegar a esos lugares con maestros, policías, médicos, caminos, agua, conectividad y esperanza.
Educar no es adoctrinar. Educar es abrir la mente, fortalecer el carácter y encender el amor por la verdad, la justicia y la patria. La libertad no se regala ni cae del cielo: se aprende, se practica y se defiende cada día. Una educación que forma ciudadanos libres y responsables es la mejor garantía para que el Perú siga siendo una república justa, próspera y en paz.