Los informes emitidos por la Contraloría General de la República vuelven a colocar sobre la mesa una realidad que no admite más postergaciones. Las defensas ribereñas de los ríos Lacramarca, Casma y Huarmey permanecen inconclusas, los contratos con la empresa ejecutora fueron resueltos, existen controversias arbitrales en marcha y, mientras tanto, el Fenómeno El Niño se aproxima como una amenaza cada vez más cercana. En este escenario, la preocupación no puede limitarse a un debate administrativo; se trata de la seguridad de miles de familias.
El caso del río Lacramarca resulta particularmente preocupante. La Contraloría confirma que existen doce zonas vulnerables plenamente identificadas en los tramos que aún no han sido culminados. Es decir, el Estado conoce con precisión dónde se encuentran los puntos críticos que podrían generar graves daños si se presentan lluvias intensas o un incremento extraordinario del caudal. No estamos frente a un riesgo desconocido, sino ante uno plenamente diagnosticado.
Las cifras del avance físico muestran una realidad desigual. Mientras un subproyecto fue concluido y otros presentan avances superiores al 90 %, el tramo A3 apenas alcanza el 6 % de ejecución. Allí prácticamente la obra no existe. Los sectores pendientes representan justamente los espacios donde la población continúa expuesta a inundaciones y desbordes.
En Casma y Huarmey la situación tampoco es alentadora. Aunque los porcentajes de avance son superiores en varios sectores, las obras siguen inconclusas y la resolución del contrato con la empresa Obrascon Huarte Lain (OHLA) ha derivado en arbitrajes que podrían prolongarse durante meses o incluso años. Los procesos legales son parte de las reglas contractuales, pero la naturaleza no espera el resultado de un arbitraje.
El problema adquiere una dimensión aún mayor cuando la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) reconoce que la principal limitación es la falta de presupuesto para continuar los trabajos. Resulta difícil comprender cómo proyectos concebidos precisamente para reducir el riesgo de desastres terminan detenidos por insuficiencia financiera cuando la amenaza que justificó su construcción sigue plenamente vigente.
Las emergencias climáticas no distinguen entre obras con contratos vigentes o resueltos. Si las lluvias intensas llegan antes de que se reanuden los trabajos, las consecuencias recaerán sobre la población, la infraestructura pública, las actividades económicas y los propios recursos del Estado, que luego deberá invertir sumas mucho mayores en atender la emergencia y reconstruir lo que pudo haberse protegido oportunamente.
Por ello, ANIN debe actuar con la máxima urgencia. No basta con informar que existe un déficit presupuestal o que los procesos arbitrales continúan su curso. Corresponde diseñar e implementar mecanismos extraordinarios que permitan intervenir los puntos críticos identificados por la Contraloría mientras se define la continuidad de los proyectos. La prevención debe imponerse sobre la burocracia.
Los informes de control no solo advierten problemas; ofrecen información valiosa para priorizar acciones inmediatas. Ignorar esas alertas sería un grave error. El tiempo juega en contra y el Fenómeno El Niño no esperará a que se solucionen los problemas administrativos.
La responsabilidad del Estado consiste en garantizar que las defensas ribereñas protejan a la población antes de que llegue la próxima emergencia, no después de que ocurra el desastre.