Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente Universitaria – Especialista Legal en Gestión Pública y Derecho Administrativo
Hospitales colapsados, falta de especialistas, compras deficientes y brechas históricas revelan un sistema que reacciona tarde y administra la crisis como si fuera un modelo permanente.
La salud pública peruana vive desde hace años en un estado de urgencia permanente. Lo que debería ser excepcional se ha convertido en rutina: hospitales saturados, largas colas para obtener una cita, falta de medicamentos, infraestructura deteriorada, equipos inoperativos y una profunda desigualdad entre quienes acceden a servicios oportunos y quienes dependen de un sistema que responde tarde, mal o nunca. El problema no es solo presupuestal. Es, sobre todo, un problema de gestión, continuidad y capacidad institucional.
La pandemia dejó al descubierto la fragilidad del sistema, pero no la originó. El colapso hospitalario, la escasez de especialistas, la precariedad del primer nivel de atención y la débil articulación entre niveles de gobierno ya estaban allí. Lo que hizo la crisis sanitaria fue exponer crudamente una verdad incómoda: el Estado peruano no había construido un sistema de salud preparado para prevenir, responder y sostener atención digna en escenarios complejos. Y lo más preocupante es que, superada la fase más crítica, muchas de esas debilidades estructurales continúan intactas.
Gobernar la salud desde la emergencia significa esperar a que el problema estalle para reaccionar. Significa anunciar hospitales cuando la infraestructura ya colapsó, buscar especialistas cuando la demanda desbordó la oferta, comprar de manera apresurada cuando la falta de planificación dejó vacíos críticos y redistribuir responsabilidades cuando nadie asumió a tiempo las decisiones necesarias. Esa lógica reactiva no es solo ineficiente; es profundamente injusta, porque quienes pagan el costo son, casi siempre, los sectores más vulnerables.
Desde el derecho administrativo, la salud pública no puede entenderse como una suma de respuestas improvisadas frente a la presión ciudadana o mediática. Requiere planificación, ejecución técnica, continuidad presupuestal, supervisión efectiva y responsabilidad funcional. Cada obra hospitalaria paralizada, cada compra mal formulada, cada equipo sin mantenimiento y cada demora evitable tiene un impacto directo en derechos fundamentales. En salud, la ineficiencia no es un simple defecto administrativo: puede traducirse en dolor, agravamiento de enfermedades y pérdida de vidas.
El país necesita una discusión honesta sobre el primer nivel de atención. Mientras se siga apostando casi exclusivamente por la atención hospitalaria como símbolo político de gestión, se seguirá descuidando el espacio donde debería resolverse gran parte de la demanda cotidiana: centros de salud bien equipados, con personal suficiente, medicamentos, capacidad diagnóstica y sistemas de referencia eficientes. Un sistema que no fortalece su base termina condenando a los hospitales a absorber lo que debió resolverse antes y mejor.
También es imprescindible revisar la gobernanza del sector. La coexistencia de múltiples subsistemas, las brechas entre regiones, la rotación de funcionarios, la falta de continuidad de equipos técnicos y la débil coordinación entre el Ministerio de Salud, EsSalud, gobiernos regionales y otras entidades generan un sistema fragmentado. La ciudadanía no necesita discursos sobre competencias; necesita respuestas. Y esas respuestas solo serán posibles cuando la gestión sanitaria se piense como una política de Estado y no como una suma de administraciones aisladas.
No basta con inaugurar infraestructura ni con incrementar presupuestos si el sistema no aprende a sostener lo construido, gestionar bien el recurso humano y garantizar continuidad operativa. La salud pública no puede seguir midiéndose por anuncios, sino por capacidad real de atención, tiempos de respuesta, cobertura efectiva y calidad del servicio. El país no necesita más inauguraciones sin funcionamiento pleno; necesita instituciones sanitarias que trabajen con previsión, eficiencia y responsabilidad.
La gran reforma pendiente en el Perú no es solo construir más hospitales, sino dejar de gobernar la salud desde la urgencia. Porque cuando un sistema se acostumbra a vivir en crisis, la emergencia deja de ser una excepción y se convierte en una forma de abandono institucional.