En menos de una semana se han producido tres acontecimientos estrechamente relacionados que marcarán la política fiscal del país durante los próximos años. Primero, el Tribunal Constitucional estableció con claridad que la iniciativa de gasto corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo. Luego, el Consejo Fiscal exhortó al próximo Gobierno a revisar y demandar la inconstitucionalidad de diversas leyes aprobadas por el Congreso que generan obligaciones económicas para el Estado. Finalmente, la Comisión Permanente aprobó un crédito suplementario por casi 10 mil millones de soles, precisamente a iniciativa del Ejecutivo. Los tres hechos envían un mismo mensaje: el gasto público debe sujetarse a reglas constitucionales y a criterios de sostenibilidad.
Durante los últimos años, el Congreso convirtió la aprobación de beneficios económicos en una práctica recurrente. Se promulgaron leyes que incrementaban remuneraciones, ampliaban derechos laborales, modificaban regímenes pensionarios o creaban nuevas instituciones públicas, muchas veces sin un análisis integral de su impacto en las finanzas nacionales. Esa forma de legislar generó compromisos permanentes para el Estado y debilitó el principio de responsabilidad fiscal.
La sentencia del Tribunal Constitucional pone límites a esa práctica. Al precisar que el Congreso no tiene iniciativa de gasto, incluso cuando sus efectos recaigan en presupuestos futuros, el máximo intérprete de la Constitución fortalece el rol del Ejecutivo como responsable de conducir la hacienda pública. No se trata de restar facultades al Parlamento, sino de garantizar que toda decisión que comprometa recursos públicos cuente con respaldo técnico, fuente de financiamiento y sostenibilidad.
En ese contexto cobra especial importancia la posición del Consejo Fiscal. Su presidente ha planteado que el nuevo Gobierno evalúe presentar acciones de inconstitucionalidad contra aquellas leyes aprobadas con evidente iniciativa de gasto. Si ello ocurre, el Ejecutivo enfrentará decisiones políticamente difíciles, pues muchas de esas normas benefician a trabajadores públicos, pensionistas y universidades. Corregir esas distorsiones constitucionales no será una tarea sencilla y exigirá capacidad política para explicar que el respeto a la Constitución también es una forma de proteger la estabilidad económica del país.
La aprobación del crédito suplementario por S/ 9 596 millones demuestra, al mismo tiempo, que el sistema constitucional funciona cuando cada poder del Estado cumple el rol que le corresponde. El Congreso autorizó un gasto propuesto por el Ejecutivo, sustentado técnicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas y compatible con el marco macrofiscal. Esa es precisamente la diferencia que establece el Tribunal Constitucional: el Parlamento puede aprobar el gasto, pero la iniciativa debe provenir del Gobierno.
El nuevo escenario obliga a cambiar la forma de hacer política presupuestal. Las promesas legislativas que comprometen recursos sin respaldo financiero ya no tendrán el mismo espacio. La disciplina fiscal no debe entenderse como un obstáculo para atender las demandas sociales, sino como una condición indispensable para que el Estado pueda cumplirlas de manera responsable y sostenible.
El próximo gobierno tendrá el desafío de aplicar este nuevo criterio constitucional sin generar mayor conflictividad. Lo ocurrido en las últimas horas no representa únicamente una victoria jurídica del Ejecutivo; constituye una advertencia para toda la clase política de que las finanzas públicas no pueden seguir siendo objeto de decisiones improvisadas. La Constitución ha fijado las reglas y corresponde ahora respetarlas.