En el marco de la política de seguridad penitenciaria y con el objetivo de preservar el orden interno en los establecimientos penitenciarios, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutó el traslado de 14 personas privadas de libertad del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro hacia los penales de Ancón I, Chimbote y Chincha.
La medida se realizó en cumplimiento de la Resolución Directoral N.° 447-2026-INPE/ORL, mediante la cual se dispuso el traslado por medidas de seguridad penitenciaria, tras verificarse que los internos intervenidos venían transgrediendo de manera reiterada las normas de convivencia y disciplina al interior del establecimiento penitenciario.
El operativo fue liderado por el director del Establecimiento Penitenciario Miguel Castro Castro, César Magno Torre, y ejecutado por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, garantizando el cumplimiento de los protocolos de seguridad durante toda la intervención.
Entre los internos trasladados se encuentran Carlos Luis Miguel Espinoza Brissolesi, quien presuntamente pertenecería al clan «Espinoza Brissolesi»; Juan Carlos Chuquiruna Santillán, quien sería integrante de la organización criminal «Los Malditos de Comas»; Steven Yordi Gaspar Casilla, presunto miembro de «Los Avezados del Cerro», organización investigada por extorsionar a mototaxistas en Villa El Salvador; Christofer Giussepi Alberto Fiestas Atoche, investigado por diversos hechos delictivos en el Callao; y Luis Alfredo Zavaleta Mendoza, quien sería integrante de la organización criminal «Los Mexicanos».
Asimismo, fueron trasladados Ray Junior Fritas Landeo, presunto integrante de «Los Avezados de Valle Sagrado»; Jhon Hernán Cano Mendoza, quien sería miembro de «Los Charlys de Breña»; y Jhon Angelo Carrasco Sánchez, presuntamente vinculado a la organización criminal «Los Malditos de San Martín», entre otros internos.
Con estas acciones, el INPE reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad penitenciaria, mantener el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios y hacer cumplir las normas.