El futuro Hospital La Caleta se ha convertido en uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más importantes para la provincia del Santa y para toda la costa de Áncash. Nadie puede cuestionar la necesidad de contar con un establecimiento moderno, con mayor capacidad resolutiva y equipado para responder a la creciente demanda de servicios de salud. Sin embargo, junto con el entusiasmo por el anuncio de un hospital de mayor categoría, también surgen interrogantes que las autoridades regionales tienen la obligación de responder con transparencia.
Hace apenas veinte días el gobernador regional Koki Noriega sorprendió al anunciar un cambio sustancial en el proyecto. El hospital que inicialmente fue presentado en noviembre de 2025 como un establecimiento de nivel II-1, con una inversión aproximada de 590 millones de soles, pasó a convertirse en un hospital III-1, elevando el presupuesto estimado hasta los 1,900 millones de soles. Se trata de una diferencia enorme, tanto en el nivel de complejidad como en el costo de la obra.
Sin duda, un hospital III-1 representa una mejor noticia para la población. Significa más especialidades, mayor capacidad de atención, mejor equipamiento y la posibilidad de evitar que cientos de pacientes tengan que ser derivados a otras ciudades. Es una aspiración legítima y necesaria para una provincia que hace muchos años reclama servicios de salud acordes con su crecimiento poblacional.
Pero el cambio de categoría también obliga a formular una pregunta inevitable: ¿está realmente el Gobierno Regional de Áncash en condiciones de financiar una inversión cercana a los dos mil millones de soles?
Las recientes declaraciones de la vicegobernadora Angelly Chávez dejan entrever que la respuesta no es sencilla. Ella ha señalado que buscarán el apoyo económico del Gobierno Nacional para compartir el financiamiento del proyecto y que existirían compromisos asumidos por el Ejecutivo. Esa gestión resulta razonable, porque un proyecto de semejante magnitud difícilmente puede ser cubierto únicamente con recursos regionales.
No obstante, las promesas deben transformarse en acuerdos concretos. Hoy existe un nuevo escenario político con un nuevo gobierno nacional, prioridades presupuestales distintas y una realidad económica que obliga a administrar cuidadosamente los recursos públicos. Esperar únicamente que esas promesas se materialicen podría significar retrasos que la población no merece.
Además, la experiencia reciente invita a la prudencia. En Áncash existen hospitales que ejecuta la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), como los de Caraz, Recuay, Casma y Pomabamba, que afrontan paralizaciones o retrasos debido a limitaciones presupuestales. Otros proyectos, como el Hospital El Progreso, avanzan lentamente bajo la conducción del PRONIS. Incluso el Hospital Especializado de EsSalud para Chimbote, cuyo contrato fue suscrito en julio de 2024 mediante ProInversión, aún no inicia su construcción. Estos antecedentes demuestran que disponer de un expediente o de un contrato firmado no garantiza que las obras se ejecuten con la rapidez esperada.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cuál será la fuente de los recursos, qué porcentaje aportará el Gobierno Regional, cuánto asumirá el Ejecutivo Nacional y cuál será el cronograma real de ejecución. La transparencia es indispensable para evitar falsas expectativas.
Todos queremos un Hospital La Caleta de primer nivel. Pero las grandes obras no solo se construyen con anuncios ambiciosos, sino con planificación, presupuesto asegurado y decisiones responsables. Ese es el compromiso que hoy esperan los ciudadanos de Áncash.