Por: Carolina Milagros Peláez Solis
Hace algunos años leí una idea atribuida a la filósofa francesa Simone de Beauvoir que, en ese momento, me pareció exagerada: bastaría una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres volvieran a ser cuestionados. Pensé que aquella advertencia respondía al contexto histórico de una mujer que había vivido tiempos muy distintos a los nuestros. Hoy ya no estoy tan segura.
Más allá de quién pronunciara exactamente esas palabras, la historia ha demostrado que la esencia de esa reflexión sigue vigente: ningún derecho permanece protegido únicamente porque una ley lo reconozca.
Existe una peligrosa ilusión en las democracias modernas. Creemos que los derechos conquistados son permanentes, que una vez incorporados a la Constitución quedan asegurados para siempre. Pero los derechos no funcionan como las leyes de la naturaleza. Existen porque las sociedades deciden protegerlos, y esa protección depende de un delicado equilibrio entre instituciones, cultura democrática y ciudadanos dispuestos a defenderlos.
Los derechos rara vez desaparecen de un día para otro. Primero dejan de considerarse incuestionables. Luego comienzan a debatirse. Más tarde aparecen voces que proponen limitarlos bajo nuevos argumentos. Cuando finalmente se intenta restringirlos, buena parte de la sociedad ya se ha acostumbrado a discutir lo que antes parecía indiscutible.
Afganistán es una prueba dolorosa de ello. No porque sea comparable con América Latina, Estados Unidos o cualquier otra democracia. Sus circunstancias son completamente distintas. Lo que sí demuestra es que ningún derecho está escrito sobre piedra.
Las mujeres afganas obtuvieron el derecho al voto en 1919, antes que en muchos países del mundo. Años después impulsaron reformas que ampliaron su participación en la vida pública. Parecía un camino irreversible. Sin embargo, los conflictos, la inestabilidad política y el avance del fundamentalismo terminaron anulando buena parte de esas conquistas. Hoy miles de mujeres han perdido libertades tan básicas como estudiar, trabajar o desplazarse libremente.
La enseñanza no es que todas las sociedades recorrerán ese mismo camino. La enseñanza es mucho más sencilla: los derechos adquiridos también pueden perderse.
Bajo esa perspectiva resulta imposible ignorar lo ocurrido hace unas semanas durante la Cumbre de Liderazgo Femenino organizada por Turning Point USA, en Texas. Durante el encuentro, Erika Kirk, directora ejecutiva de la organización, junto con otras figuras vinculadas a sectores ultraconservadores, comunidades religiosas y al movimiento de las tradwives (esposas tradicionales), defendieron públicamente la idea de recuperar el denominado household voting o “voto por hogar”.
La propuesta plantea que la representación política deje de recaer en cada ciudadano y pase a concentrarse en la unidad familiar, representada por quien sea considerado el “jefe del hogar”, históricamente el esposo o el padre. Aunque no forma parte del sistema electoral estadounidense ni constituye una iniciativa legislativa, el solo hecho de que vuelva a plantearse merece atención.
No porque exista un riesgo inmediato de que desaparezca el sufragio femenino, sino porque revela algo más profundo: la disposición de ciertos sectores a volver a discutir un derecho político que durante más de un siglo se consideró definitivamente resuelto.
El sufragio individual no es solo el acto de depositar una papeleta en una urna. Es el reconocimiento de que cada ciudadano posee criterio propio y el derecho de participar directamente en las decisiones colectivas. Cada voto tiene el mismo valor porque cada persona posee la misma dignidad política.
Quienes defienden el “voto por hogar” sostienen que fortalecería la unidad de la familia tradicional. Sin embargo, esa idea parte de una premisa preocupante: asumir que todos los integrantes de una familia piensan igual y que una sola persona puede representar legítimamente la voluntad política de los demás. La familia comparte afectos y responsabilidades, pero no necesariamente convicciones políticas.
Más allá de la viabilidad de una propuesta como esta, el verdadero debate no gira en torno a un mecanismo electoral. La pregunta de fondo es otra: ¿en qué momento un derecho que parecía definitivamente conquistado vuelve a convertirse en una opinión?
Quizá algunos consideren que se trata de una discusión marginal. Sin embargo, las ideas tienen la capacidad de viajar, transformarse y ganar legitimidad. Antes de convertirse en leyes, primero se convierten en conversaciones. Y antes de convertirse en conversaciones aceptadas, dejan de parecer impensables.
Llama especialmente la atención que muchas mujeres defiendan esta propuesta y afirmen estar dispuestas a ceder voluntariamente su voto a sus esposos. Están en todo su derecho de expresarlo. La paradoja es que pueden sostener esa posición precisamente porque hoy son reconocidas como ciudadanas con voz propia. Pueden cuestionar el sufragio femenino gracias a un derecho conquistado por generaciones anteriores.
Tal vez el verdadero peligro no sea que el “voto por hogar” llegue mañana a convertirse en ley. El verdadero peligro aparece cuando dejamos de sorprendernos de que alguien considere legítimo debatir si una mujer debe seguir siendo una ciudadana políticamente autónoma.
Los derechos no suelen desaparecer con un solo decreto. Empiezan a debilitarse cuando dejamos de verlos como principios irrenunciables y comenzamos a tratarlos como simples opciones políticas.
La historia nos recuerda que las democracias no solo pueden perder elecciones. También pueden perder memoria. Y cuando olvidan cuánto costó conquistar un derecho, el camino para empezar a perderlo ya ha comenzado.