El caso de la exalcaldesa provincial del Santa, Victoria Espinoza, deja una reflexión que va más allá de su situación personal. Lo que hoy observa la ciudadanía es un proceso judicial que concluyó con una sentencia condenatoria en dos instancias por el delito de colusión simple, una posterior condición de prófuga de la justicia y, finalmente, una declaración de prescripción que le devuelve la libertad. La pregunta inevitable es si el Estado salió fortalecido o debilitado de este episodio.
La respuesta parece evidente. Cuando una persona condenada en primera y segunda instancia logra eludir la acción de la justicia y el transcurso del tiempo termina produciendo la prescripción de la acción o de la pena, la sensación que queda es la de un sistema incapaz de hacer cumplir sus propias decisiones. Ese es el verdadero problema.
La exalcaldesa sostiene que fue sentenciada sin pruebas. Tiene todo el derecho de expresar su discrepancia y defender su inocencia. Sin embargo, en un Estado de Derecho las sentencias no nacen de opiniones ni de percepciones personales. Son el resultado de un proceso judicial en el que jueces valoran las pruebas presentadas por el Ministerio Público y por la defensa.
Si dos órganos jurisdiccionales distintos primera instancia y sala superior llegaron a la conclusión de imponer una condena, ello significa que, conforme a la valoración judicial realizada en esos procesos, existieron elementos suficientes para acreditar responsabilidad penal. Otra cosa es que la condenada discrepe de esa valoración, para lo cual el ordenamiento jurídico prevé los recursos correspondientes. Pero reducir dos sentencias condenatorias a la frase “me sentenciaron sin pruebas” implica desconocer el trabajo desarrollado por los magistrados que emitieron esos fallos.
Más preocupante aún resulta que la discusión pública ya no gire alrededor del fondo del proceso, sino de la incapacidad del Estado para ejecutar oportunamente una sentencia. Si una resolución judicial firme o ejecutable no puede hacerse efectiva porque el condenado se sustrae de la justicia y el tiempo termina jugando a su favor, el mensaje para la ciudadanía es desalentador: basta esperar para que la justicia pierda eficacia.
La prescripción existe como una institución jurídica legítima destinada a garantizar seguridad jurídica y evitar procesos indefinidos. Pero cuando opera después de una condena y en un contexto donde el sentenciado permaneció fuera del alcance de las autoridades, la percepción ciudadana es que el sistema fracasó.
Las instituciones también deben hacer una autocrítica. ¿Se actuó con la diligencia necesaria para ejecutar la sentencia? ¿Se adoptaron oportunamente las medidas para impedir la evasión? ¿Hubo negligencias que facilitaron este desenlace? Son interrogantes que merecen respuestas, porque la confianza en la justicia depende tanto de la calidad de sus resoluciones como de su capacidad para hacerlas cumplir.
Este caso deja una enseñanza ineludible: una sentencia judicial, por sólida que sea, pierde valor si el Estado no logra ejecutarla. La justicia no solo debe decidir; debe hacerse efectiva. De lo contrario, la ciudadanía seguirá percibiendo que las instituciones llegan tarde y que, al final, el tiempo termina derrotando a la justicia.