Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente Universitaria – Especialista Legal en Gestión Pública y Derecho Administrativo
La rotación política, las designaciones sin criterio técnico y la fragilidad del servicio civil debilitan la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas y responder a los ciudadanos.
En el Perú, cada cambio de gobierno, de ministro, de gobernador regional o de alcalde suele traer consigo una práctica tan extendida como dañina: el reemplazo masivo de equipos, la alteración abrupta de prioridades y la designación de funcionarios no por su experiencia o competencia, sino por su cercanía política o personal con la nueva autoridad. Esta costumbre, que muchos ya observan como parte natural de la vida pública, tiene un costo enorme para el país: destruye continuidad, debilita la gestión y convierte al Estado en una estructura vulnerable a la improvisación permanente.
La administración pública no puede funcionar como un botín de confianza. Un Estado serio requiere cuadros técnicos, memoria institucional, especialización y reglas de permanencia que permitan sostener políticas más allá del ciclo político. Sin embargo, en la práctica, el país sigue operando bajo una lógica donde demasiados cargos dependen del humor de la coyuntura. El resultado es conocido: proyectos que se detienen, decisiones que se revisan sin criterio, procesos que vuelven a empezar y una ciudadanía que observa cómo las promesas de reforma se diluyen entre nombramientos erráticos y equipos inestables.
El problema no es solo moral o político; es profundamente administrativo. Cada funcionario removido sin justificación técnica implica tiempo perdido, curva de aprendizaje desaprovechada, expedientes que cambian de manos, metas que se retrasan y decisiones que se postergan. Cuando esta dinámica se reproduce en ministerios, hospitales, programas sociales, direcciones regionales o municipalidades, la consecuencia es una gestión fragmentada, incapaz de consolidar resultados y condenada a la reacción antes que a la planificación.
La meritocracia no es un lujo académico ni una consigna tecnocrática. Es una condición mínima para que el Estado pueda cumplir sus funciones. No hay buena política pública sin equipos capaces de diseñarla, ejecutarla, monitorearla y corregirla. No hay inversión eficiente si quienes la administran carecen de experiencia o son reemplazados antes de concluir procesos complejos. No hay confianza ciudadana si la gestión pública se percibe como un espacio de favores, cuotas o improvisaciones.
Por eso, fortalecer el servicio civil no debería ser una discusión secundaria. Significa establecer reglas claras de ingreso, evaluación, permanencia y responsabilidad; proteger a los cuadros técnicos frente a la rotación arbitraria; y construir una cultura institucional donde el desempeño importe más que la afinidad. Significa también reconocer que la continuidad de una política pública no puede depender exclusivamente de la voluntad del titular de turno. Un Estado profesional no elimina la conducción política, pero sí impide que la política arrase con todo lo que encuentra a su paso.
La debilidad de la meritocracia también tiene efectos en la lucha contra la corrupción. Allí donde no existen equipos técnicos sólidos, procedimientos estables y controles internos robustos, se amplía el espacio para la discrecionalidad indebida, la captura de decisiones y el uso ineficiente de recursos. La improvisación no solo es costosa; también es riesgosa. Y cuando esa improvisación se instala como método de gobierno, la legalidad y la eficiencia dejan de ser prioridades para convertirse en daños colaterales.
El Perú lleva años discutiendo grandes reformas, pero sigue tolerando pequeñas prácticas que destruyen al Estado desde adentro. Cambiar a quien sabe por quien conviene, desplazar experiencia por lealtad y reiniciar equipos por cálculo político puede parecer una decisión menor en el corto plazo, pero acumulada en el tiempo produce un efecto devastador: un aparato público sin columna vertebral, sin continuidad y sin capacidad de aprendizaje institucional.
Si el país quiere tomarse en serio la modernización del Estado, debe empezar por una verdad elemental: sin meritocracia no hay administración pública eficiente, y sin administración pública eficiente no hay derechos que se sostengan, servicios que mejoren ni reformas que duren. La improvisación puede ganar tiempo político; la meritocracia, en cambio, construye país.