Los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G) fueron presentados en el Perú como una alternativa para acelerar la ejecución de grandes proyectos públicos, reducir la corrupción y garantizar obras de calidad. La experiencia de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 fortaleció esa percepción y abrió el camino para que este mecanismo se aplicara en la Reconstrucción con Cambios tras el devastador Fenómeno de El Niño Costero de 2017. Sin embargo, los resultados que acaba de revelar la Contraloría General obligan a realizar una evaluación crítica sobre su verdadero desempeño.
El Informe de Auditoría de Desempeño muestra que 32 obras ejecutadas entre 2020 y 2025 bajo esta modalidad terminaron costando 140.7 % más de lo previsto y demoraron 332.6 % más del plazo originalmente contratado. En términos sencillos, las obras costaron más del doble y tardaron más de tres veces lo prometido. Son cifras que no pueden pasar inadvertidas porque comprometen miles de millones de soles de recursos públicos.
El caso resulta aún más preocupante porque el principal argumento para justificar los contratos Gobierno a Gobierno era precisamente ofrecer mayor eficiencia en costos y tiempos. Si las obras terminan duplicando su presupuesto y multiplicando por tres sus plazos, entonces corresponde preguntarse si el modelo está cumpliendo los objetivos para los cuales fue adoptado.
La Contraloría identifica como una de las principales causas la naturaleza de los contratos NEC3, especialmente aquellos bajo la denominada opción F, donde el Estado asume los mayores costos derivados de los llamados “eventos compensables”. Es decir, durante la ejecución aparecen modificaciones al diseño, problemas del terreno, interferencias o nuevas condiciones técnicas que generan ampliaciones presupuestales y de plazo autorizadas por la propia entidad pública.
No se trata de afirmar que todo incremento sea irregular o injustificado. En proyectos de gran complejidad siempre pueden surgir situaciones imprevistas. Lo preocupante es que estos eventos se hayan convertido prácticamente en una regla y no en una excepción. Ello evidencia deficiencias en los estudios preliminares, en la ingeniería básica y en la planificación inicial de las inversiones.
Las consecuencias no son únicamente financieras. Miles de estudiantes permanecieron durante años en aulas temporales esperando la culminación de sus colegios. Centros de salud tardaron mucho más de lo previsto en entrar en funcionamiento. Obras de protección contra inundaciones demoraron mientras la población seguía expuesta a nuevos eventos climáticos. Cada día adicional de retraso representa servicios públicos que no llegan a tiempo a quienes más los necesitan.
El Perú necesita ejecutar infraestructura moderna y de calidad, pero también requiere mecanismos de contratación que ofrezcan predictibilidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos. Si el Estado asume prácticamente todos los riesgos económicos de las modificaciones contractuales, el incentivo para controlar costos termina debilitándose.
Por ello, corresponde revisar la experiencia acumulada de estos contratos Gobierno a Gobierno antes de seguir ampliando su utilización. La transparencia exige conocer cuánto costaron realmente las obras, por qué se produjeron los incrementos y qué lecciones deben incorporarse para futuros proyectos. No basta con afirmar que las obras finalmente se construyeron; también es indispensable evaluar si se hicieron al costo y en el tiempo razonables.
La lucha contra la corrupción no puede convertirse en una justificación para aceptar sobrecostos ilimitados. La eficiencia en la inversión pública no solo significa construir, sino construir bien, dentro del presupuesto y respetando los plazos comprometidos con la ciudadanía. Cuando las excepciones se vuelven permanentes, el remedio termina siendo tan costoso como el problema que pretendía resolver.