Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El resultado electoral ha configurado una nueva correlación de fuerzas en el Congreso. Fuerza Popular obtuvo la mayor representación y, por tanto, resulta legítimo que aspire a conducir la Mesa Directiva o, cuando menos, a ocupar un lugar central en su conformación. Pretender excluirla por completo no solo desconoce el mandato de las urnas, sino que introduce una tensión innecesaria en el inicio de una etapa política que exige estabilidad.
En ese contexto, la posición de Jorge Nieto parece partir de una lectura sobredimensionada del peso de su agrupación. El Partido del Buen Gobierno puede tener una representación relevante, pero eso no lo convierte automáticamente en árbitro absoluto del Congreso ni le otorga el derecho de condicionar toda negociación a sus propios intereses.
El problema no está en negociar. La política parlamentaria exige acuerdos, concesiones y construcción de mayorías. Pero existe un límite que ninguna negociación puede sobrepasar: el respeto a la voluntad popular. Ese respeto, al igual que la tolerancia política, constituye un principio democrático inquebrantable. Puede haber entendimientos, renuncias parciales y concesiones de uno y otro lado, pero ninguna fórmula legítima puede basarse en desconocer a la fuerza que recibió el mayor respaldo ciudadano.
La intolerancia política aparece cuando una agrupación se niega a reconocer la legitimidad del adversario y pretende excluirlo no por falta de representación, sino porque no comparte sus posiciones. Esa lógica es profundamente antidemocrática. En una democracia, competir implica también aceptar el resultado cuando no favorece a los propios intereses.
El riesgo surge cuando una bancada intenta convertir su posición intermedia en un instrumento de presión desproporcionada, repitiendo fórmulas que en el pasado permitieron a grupos minoritarios alcanzar cuotas de poder muy superiores a su respaldo electoral. El país ya conoce las consecuencias de esas prácticas. La presidencia del Congreso no puede ser producto del chantaje político ni de amenazas de bloqueo, sino de un entendimiento que refleje la voluntad ciudadana y garantice gobernabilidad.
También conviene distinguir entre la posición de Nieto y la de los integrantes de su bancada. No parece evidente que todos estén dispuestos a comprometer la estabilidad política por las aspiraciones de su supuesto líder. En el Congreso, las bancadas no siempre permanecen cohesionadas cuando se impone una estrategia de confrontación que no ofrece beneficios políticos ni institucionales.
Si el Partido del Buen Gobierno decide asumir el papel de principal factor de obstrucción, corre el riesgo de fracturarse. Sus congresistas deberán elegir entre acompañar una línea de intolerancia o participar en acuerdos que permitan al Parlamento cumplir sus funciones sin convertirse nuevamente en un centro permanente de crisis.
La política peruana ofrece numerosos ejemplos de bancadas que comenzaron con grandes expectativas y terminaron divididas, absorbidas por otras alianzas o reducidas a una presencia testimonial. Mi impresión es que, de mantenerse esta estrategia, el Partido del Buen Gobierno podría recorrer ese mismo camino, quizá más temprano que tarde.
Llama la atención que agrupaciones como Obras muestren, al menos hasta ahora, una disposición más pragmática frente a la nueva realidad parlamentaria. Incluso sectores de la izquierda tradicional parecen comprender que el país no puede iniciar otro periodo legislativo bajo la amenaza constante del bloqueo y la confrontación.
Durante los últimos cinco años, pese a las diferencias ideológicas, el Congreso logró construir acuerdos entre sectores de izquierda, centro y derecha. No fue un Parlamento ejemplar ni estuvo libre de errores, pero demostró que el consenso era posible cuando existía voluntad de evitar una nueva ruptura institucional.
Hoy el principal peligro no proviene necesariamente de quienes sostienen posiciones ideológicas claras, sino de quienes pretenden ejercer una influencia mayor a la que les otorgaron los electores. Esa práctica ha sido frecuente en determinados círculos de la izquierda caviar, que durante años buscaron compensar su limitada representación popular mediante control institucional, presión mediática y capacidad de veto.
Jorge Nieto debería comprender que una cosa es ser parte de una negociación y otra muy distinta pretender imponer sus condiciones al conjunto del Congreso. El equilibrio parlamentario no puede confundirse con el chantaje político. Tampoco el consenso puede utilizarse como excusa para vaciar de contenido el resultado electoral.
La democracia exige dos conductas básicas: reconocer la voluntad ciudadana y tratar al adversario como un actor legítimo. Sin tolerancia no existe convivencia política; sin respeto a las urnas no existe democracia.
Si Nieto insiste en convertir a su bancada en un instrumento de inestabilidad, podría descubrir que su verdadero laberinto no está en su relación con Fuerza Popular, sino dentro de su propio grupo parlamentario.