Por: Jorge Godenzi Alegre
En medio de la crispación política y social que atraviesa el país, y a pocos días de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia de la República, dos asuntos deberían ocupar el núcleo de su agenda inicial. El primero es casi una obviedad, pero en el Perú las obviedades suelen ser las más afectadas: la defensa del Estado de Derecho y de la igualdad ante la ley, pilares sin los cuales ninguna democracia aspira a sobrevivir más allá de todo ciclo electoral.
El segundo asunto es menos jurídico y más histórico. La necesidad de una reconciliación auténtica con el Perú profundo del sur y del centro. No un gesto protocolar ni una escenografía de unidad, sino un acercamiento que prescinda de los políticos de derechas e izquierdas que, tras años de disputas estériles han terminado convertidos en caricaturas recíprocas.
Si la Presidenta quiere inaugurar una etapa distinta, deberá mirar más allá de estos operadores que han monopolizado la representación sin representar a nadie e integrar esos amplios sectores sociales que viven bajo regímenes comunitarios, prácticas consuetudinarias y economías informales que todavía no se han incorporado a la administración estatal. Solo así el Estado podrá funcionar como un sistema político operativo y no como una entidad que solo emite de tiempo en tiempo declaraciones vacías.
Mientras tanto, bajo el seductor discurso de la concordia y la atenuación de tensiones, ciertos sectores los mismos que han deslegitimado el Estado de Derecho y la institucionalidad democrática promueven una transacción política disfrazada de gesto humanitario: el indulto a Pedro Castillo, pese a la evidencia pública de su conducta delictiva y de su manifiesta incompetencia en el ejercicio de la Presidencia. La operación se presenta como un acto de apaciguamiento, pero en el fondo constituye un intento de revisar responsabilidades penales, diluir sentencias y acaso hasta de revivir espectros políticos.
La pregunta de fondo es si el país está dispuesto a repetir el ciclo de condescendencias que tanto daño ha causado o si, esta vez, la defensa de la legalidad será algo más que un eslogan. Más aún cuando el propio Castillo no ha pedido perdón ni mostrado propósito de enmienda; por el contrario, insiste que no hubo golpe de Estado y que es un presidente secuestrado, revelando así la distancia abismal entre su narrativa y la condena judicial a la que se hizo merecedor.
La ciudadanía – el pueblo, no la casta política, cazadora de cargos públicos y dispuesta a traicionar los intereses nacionales hace oír su hartazgo. Hartazgo ante la impunidad. Hartazgo ante la inseguridad. Hartazgo ante la corrupción enquistada en el poder. Hartazgo, en fin, ante la acumulación de desencuentros que ha convertido la gestión pública en un campo minado.
En este contexto, no sorprende que se exija un Consejo de Ministros capaz de concebir el Estado como un organismo de atención y no como un mecanismo de reparto. Un gabinete que priorice la presencia efectiva del Estado en las zonas rurales, andinas y amazónicas, donde los vacíos de gobierno son evidentes y donde la ausencia de autoridad legítima ha permitido que problemas estructurales se agraven aun más sin encontrar respuestas satisfactorias por parte del Estado.
El país no puede continuar aceptando, con resignación anestésica, la repetición de episodios que ya han mostrado su ponzoña para deteriorar la cohesión social y la debilitada institucionalidad. La experiencia reciente ha dejado claro que la continuidad de prácticas políticas fallidas compromete gravemente la estabilidad nacional.
Por ello, se vuelve indispensable que la mirada de la estadista abandone la tentación de dividir el ejercicio del gobierno entre bandos antagónicos. El momento demanda una comprensión más amplia de la complejidad de los conflictos que se aproximan y una disposición a enfrentarlos con responsabilidad histórica. La reconciliación que el país requiere no debe responder a conveniencias coyunturales, sino al deber elemental de preservar la unidad nacional.
La precariedad institucional no surge de improviso. Se acumula cuando quienes administran el poder olvidan que su mandato se sostiene en la confianza de una ciudadanía que no aceptará que las promesas públicas se dejen sin cumplimiento.
OTROSÍ DIGO. – El primer discurso oficial de la primera mujer electa desató una oleada de aplausos tan espontáneos como infrecuentes en la escena pública. No era para menos. En un gesto casi insólito en tiempos de fervor woke y militancia por la neolengua, Keiko Fujimori decidió emplear el pronombre indefinido “todos”.
La duplicación “todas y todos”, convertida ya en mantra de corrección performativa, introduce tropiezos lingüísticos que ningún manual de estilo recomendaría. Más que una fórmula inclusiva, se ha vuelto un tic ideológico que, paradójicamente termina por entorpecer aquello que la lengua busca preservar: la precisión y la economía expresiva.