El caso de los cinco trabajadores de la Universidad San Pedro que cuentan con sentencias judiciales firmes de reposición y, pese a ello, continúan sin ser reincorporados a sus puestos de trabajo, pone nuevamente sobre la mesa un problema que trasciende el ámbito laboral: el respeto al Estado de derecho. Cuando una resolución emitida por el Poder Judicial no se cumple, no solo se afecta a quienes ganaron un proceso judicial, sino que también se debilita la autoridad de las instituciones encargadas de administrar justicia.
Según se ha informado, no es la primera vez que los trabajadores acuden a la sede del rectorado para hacer efectiva la orden judicial. Por el contrario, ya son cinco oportunidades en las que, acompañados por personal judicial, han intentado ingresar para cumplir el mandato de reposición. En todas ellas, las puertas permanecieron cerradas. Esta actitud constituye un abierto desafío a las decisiones de los jueces y proyecta una imagen de desobediencia institucional que no puede normalizarse.
La interrogante es inevitable: ¿quién debe hacer cumplir una resolución judicial cuando una institución se niega reiteradamente a obedecerla? La respuesta está en el propio sistema de justicia. Corresponde al juzgado adoptar todas las medidas coercitivas previstas por la ley para garantizar la ejecución de sus fallos. Las sentencias no pueden convertirse en simples documentos sin efecto práctico, porque ello significaría que cualquier persona o entidad podría decidir arbitrariamente cuáles resoluciones acata y cuáles ignora.
El pedido formulado por el abogado de los trabajadores para que la diligencia de reposición se realice con apoyo de la Policía Nacional y con la presencia de la secretaria judicial responde precisamente a la necesidad de hacer efectiva una decisión que ya fue emitida por dos instancias judiciales. Si, aun en esas condiciones, persiste la resistencia al cumplimiento del mandato, corresponde que el Poder Judicial evalúe la aplicación de las medidas legales que contempla nuestro ordenamiento, incluyendo las responsabilidades penales que pudieran derivarse del incumplimiento de resoluciones judiciales.
Lo preocupante es el mensaje que este tipo de conductas transmite a la ciudadanía. Si una universidad, llamada a formar profesionales y promover el respeto por la ley, aparece desobedeciendo de manera reiterada decisiones judiciales, el daño institucional resulta aún mayor. La autoridad moral de cualquier institución se construye precisamente sobre el cumplimiento de las normas y el respeto a las decisiones de los órganos competentes.
La Universidad San Pedro atraviesa desde hace varios años una compleja situación institucional y administrativa. Precisamente por ello, sus autoridades deberían actuar con absoluta transparencia y dentro del marco legal, evitando generar nuevos conflictos que prolonguen la incertidumbre y afecten tanto a trabajadores como a estudiantes.
El Poder Judicial no puede permitir que una sentencia firme quede indefinidamente sin ejecutarse. Su autoridad se mide, precisamente, por la capacidad de hacer cumplir sus decisiones. Cuando ello no ocurre, se erosiona la confianza ciudadana en la justicia y se fortalece la peligrosa percepción de que existen instituciones o funcionarios que pueden situarse por encima de la ley. En un Estado democrático, ninguna autoridad tiene ese privilegio. El cumplimiento de las resoluciones judiciales no es opcional; constituye una obligación que debe hacerse efectiva con todos los mecanismos legales disponibles.