El nuevo gobierno ha dado el primer paso. El mensaje presidencial por Fiestas Patrias marcó el inicio formal de una gestión que ahora deberá traducir sus palabras en decisiones concretas. Los anuncios realizados por la presidenta Keiko Fijimori, fueron numerosos y abarcaron diversos sectores, pero será el trabajo que desarrollen los ministros en las próximas semanas el que permitirá conocer con mayor precisión el rumbo que seguirá el país.
Como ocurre con todo discurso de inicio de mandato, hubo expectativas satisfechas y también algunas omisiones. Resultó evidente la ausencia de referencias específicas a proyectos de inversión, especialmente aquellos vinculados a la minería formal que permanecen paralizados por trámites burocráticos, conflictos sociales o falta de decisiones políticas. La reactivación de estas inversiones no solo representa mayores ingresos para el Estado, sino también empleo, dinamismo económico y oportunidades para miles de familias.
Entre los anuncios que más debate ha generado se encuentra el incremento de la remuneración mínima vital a S/ 1,300. Se trata de una medida que inevitablemente despierta posiciones encontradas. Para algunos sectores podría interpretarse como una decisión de carácter populista, mientras que para otros constituye una respuesta necesaria frente al incremento del costo de vida que enfrentan los trabajadores peruanos.
Sin embargo, más allá de esta discusión, existe un mensaje que probablemente sea el más importante para el futuro económico del país: el compromiso de garantizar seguridad jurídica, estabilidad y reglas claras para la inversión. La presidenta afirmó que se reducirán las trabas innecesarias y se devolverá predictibilidad a las decisiones del Estado, con el propósito de recuperar la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros.
Ese anuncio es, quizá, el verdadero punto de partida para una reactivación sostenible. Ninguna economía puede crecer si quienes desean invertir enfrentan incertidumbre permanente, cambios constantes de reglas o procesos administrativos interminables. La inversión privada continúa siendo el principal motor para generar empleo formal, incrementar la recaudación y financiar las políticas sociales que demanda la población.
Naturalmente, las palabras por sí solas no bastan. El desafío será demostrar con hechos que ese compromiso se convertirá en una política de Estado. Será necesario destrabar proyectos estratégicos, simplificar procedimientos, fortalecer las instituciones y garantizar que las normas se apliquen con transparencia y sin discrecionalidad.
Los primeros cien días serán determinantes para medir la capacidad del nuevo gobierno de cumplir sus promesas. Los ministros tendrán la responsabilidad de aterrizar los anuncios presidenciales en acciones concretas, cronogramas y resultados verificables.
El país necesita crecimiento económico, pero también confianza. Y la confianza solo se construye cuando existe estabilidad política, seguridad jurídica y respeto por las reglas de juego. Si esos principios se mantienen firmes, incluso las medidas más discutidas podrán encontrar un equilibrio dentro de una política económica coherente.
El gobierno ya comenzó a trabajar. Ahora corresponde pasar del discurso a la ejecución. Porque, al final, serán los resultados y no las promesas los que definirán si este inicio representa realmente el comienzo de una etapa de recuperación para el Perú.