Defiende suspensión de trabajadores:
El presidente del Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chimbote, Dr. Jesús Gayoso Quiñones, sostuvo que el reclamo formulado por un grupo de trabajadores del régimen laboral 728 para recibir vales de consumo carece de sustento legal, debido a que este beneficio corresponde a un régimen distinto y no les asiste el mismo derecho.
En declaraciones a nuestro medio, explicó que los trabajadores del régimen 276 perciben remuneraciones que, sumadas a los bonos establecidos para dicho régimen, alcanzan aproximadamente los 3 mil soles, monto que, afirmó, se equipara a lo que reciben los servidores del régimen 728.
Gayoso Quiñones indicó que el pedido de los trabajadores busca que se les otorguen vales con recursos que actualmente forman parte del fondo destinado a la construcción del futuro asilo de ancianos, dinero que, según precisó, fue posible reunir luego del saneamiento financiero de la institución y del pago de deudas heredadas de la gestión anterior.
Respecto a la suspensión impuesta a 13 trabajadores, el titular de la Beneficencia señaló que la medida fue adoptada tras una recomendación emitida por un informe de asesoría Jurídica, luego de determinarse que los servidores se habrían apropiado de documentos internos de la entidad para sustentar una demanda laboral en la que solicitan el reconocimiento de dichos beneficios.
Contrario a lo que dicen los trabajadores que la documentación fue obtenida por medio de la Sunafil, contestó que la documentación utilizada en el proceso judicial no habría sido obtenida mediante un requerimiento efectuado a través de dicha entidad, sino que lo tomaron indebidamente de documentos internos de la propia institución.
“El apoderamiento de documentación interna constituye una falta que amerita una sanción severa. Sin embargo, se ha dispuesto una suspensión de cuatro meses sin goce de haber, tras la cual los trabajadores podrán reincorporarse a sus labores”, manifestó Gayoso Quiñones.
Finalmente, el presidente del Directorio reiteró que la administración actuó conforme a las recomendaciones legales y defendió las medidas adoptadas para proteger los recursos de la Beneficencia y garantizar que estos sean destinados a los fines sociales para los que fueron creados, entre ellos la futura construcción del asilo de ancianos.