La advertencia formulada por la Contraloría General de la República sobre la paralización de las obras de protección en los ríos Lacramarca, Casma y Huarmey constituye una de las alertas más preocupantes que enfrenta Áncash en vísperas de una nueva temporada de lluvias. No se trata únicamente de proyectos inconclusos o de diferencias contractuales entre el Estado y las empresas ejecutoras. Lo que está en juego es la seguridad de miles de familias que habitan en zonas históricamente expuestas a inundaciones y desbordes.
Los tres proyectos fueron concebidos precisamente para reducir la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales. En el caso del río Lacramarca, la obra debía proteger a decenas de comunidades de los distritos de Macate, Cáceres del Perú y Chimbote. Sin embargo, la resolución del contrato dejó estructuras a medio construir y sectores críticos que, lejos de brindar seguridad, hoy representan un riesgo adicional si se presentan fuertes precipitaciones durante el Fenómeno El Niño 2026-2027.
La situación no es distinta en Casma y Huarmey. Allí también existen trabajos inconclusos, procesos arbitrales pendientes y una preocupante ausencia de información sobre cómo y cuándo se retomarán las obras. La Contraloría advierte que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no ha definido previsiones presupuestales ni un cronograma claro para garantizar la continuidad de estos proyectos. Esa incertidumbre resulta inaceptable cuando se trata de infraestructura destinada a proteger vidas humanas.
El Estado no puede permitirse repetir los errores del pasado. Cada episodio de lluvias intensas ha dejado viviendas destruidas, carreteras colapsadas, pérdidas agrícolas y cuantiosos recursos destinados a atender emergencias que pudieron prevenirse con inversiones oportunas. La prevención siempre resulta menos costosa que la reconstrucción, pero para que ello sea una realidad se requiere planificación, continuidad administrativa y capacidad de gestión.
Resulta preocupante que obras ejecutadas bajo el esquema de contratos de Estado a Estado, promovido precisamente para acelerar proyectos estratégicos y reducir riesgos de corrupción, hayan terminado paralizadas por controversias contractuales. Si bien los procesos arbitrales forman parte de los mecanismos legales para resolver discrepancias, estos no pueden convertirse en excusa para abandonar proyectos esenciales ni para dejar desprotegida a la población.
La ANIN tiene la responsabilidad de explicar públicamente cuál será la estrategia para culminar estas obras. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto falta por ejecutar, qué recursos se requieren y cuáles serán los plazos reales para su culminación. La transparencia resulta indispensable para recuperar la confianza en proyectos que movilizan importantes recursos públicos.
Del mismo modo, el Gobierno Central debe comprender que estas intervenciones no admiten más postergaciones. El anuncio de un posible Fenómeno El Niño obliga a actuar con sentido de urgencia. Esperar a que ocurran nuevos desbordes para recién buscar soluciones sería una grave irresponsabilidad.
La Contraloría ha cumplido con alertar oportunamente. Ahora corresponde a la ANIN, al Ejecutivo y a las autoridades regionales asumir las decisiones necesarias para evitar que estas observaciones terminen convirtiéndose en una tragedia anunciada. La infraestructura de prevención no puede permanecer detenida mientras la naturaleza sigue su curso. Cada día perdido incrementa el riesgo para miles de ancashinos que esperan, desde hace años, una protección que aún no llega.