Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
El primer gran debate del nuevo Congreso no será quién ocupa una Mesa Directiva, sino cómo responderá el Parlamento cuando el Poder Ejecutivo solicite la delegación de facultades legislativas. Allí comenzará la verdadera prueba para el Gobierno, pero también para la oposición.
No se trata de un proyecto cualquiera. Entre las materias que el Ejecutivo busca legislar se encuentran dos de las mayores preocupaciones de los peruanos: la lucha contra la inseguridad ciudadana y las medidas de prevención frente al Fenómeno El Niño.
La delincuencia ya no distingue condición económica ni ubicación geográfica. La extorsión golpea al pequeño comerciante, al transportista, al emprendedor y al empresario. Del mismo modo, cada temporada de lluvias nos recuerda el enorme costo de postergar obras de prevención. Cuando el Estado llega tarde, las consecuencias se traducen en vidas humanas, infraestructura destruida y miles de familias que lo pierden todo.
Por ello, el Congreso tiene el deber de revisar cuidadosamente el pedido de facultades, establecer límites cuando corresponda y ejercer el control político que la Constitución le asigna. Esa es su responsabilidad. Pero una cosa es controlar y otra muy distinta convertir la obstrucción en una estrategia política.
La reciente elección de las Mesas Directivas dejó una enseñanza importante. Aunque algunos intentaron presentar ese resultado como la consolidación de un bloque político liderado por Jorge Nieto, varios congresistas precisaron inmediatamente que solo se trató de un acuerdo circunstancial para esa elección y no de una alianza permanente. Esa aclaración revela que las futuras mayorías deberán construirse proyecto por proyecto.
Ese escenario también coloca a la oposición frente a una decisión política de gran trascendencia. Si las medidas propuestas por el Ejecutivo son necesarias para enfrentar al crimen organizado o acelerar las acciones de prevención frente al Fenómeno El Niño, impedir su aprobación o retrasarlas podría tener un elevado costo político ante una ciudadanía que exige resultados y no nuevas confrontaciones.
La democracia necesita una oposición firme, crítica y vigilante. Pero también necesita una oposición que sepa distinguir cuándo el interés nacional debe prevalecer sobre cualquier cálculo político. Ese será, probablemente, el primer gran examen del nuevo Congreso. Porque los peruanos no recordarán quién ganó una Mesa Directiva; recordarán quién estuvo dispuesto a actuar cuando el país más lo necesitaba.