El primer pronunciamiento público de Elmer Cuba Bustinza al frente del Ministerio de Economía y Finanzas deja una idea central que merece ser tomada en serio: la obsesión del Gobierno debe ser elevar la productividad. No se trata de una frase menor. En un país con altos niveles de informalidad, enormes brechas de infraestructura, servicios públicos deficientes y una creciente presión sobre las cuentas fiscales, hablar de productividad significa hablar, en realidad, de las posibilidades que tiene el Perú para alcanzar un desarrollo sostenido.
El ministro ha anunciado cuatro comisiones presidenciales para abordar problemas estructurales: informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria. Son cuatro áreas fundamentales y, al mismo tiempo, cuatro terrenos donde el Estado ha acumulado diagnósticos durante años sin conseguir reformas de fondo.
La propuesta será positiva si esta vez las comisiones no terminan convertidas en espacios de estudio cuyos informes se archivan cuando cambia el gobierno. El país no necesita más diagnósticos que ya conocemos. Necesita decisiones, plazos, responsables y resultados.
Particular importancia tiene la reforma de la inversión pública. El Perú cuenta con recursos, pero sigue mostrando una preocupante incapacidad para convertirlos oportunamente en colegios, hospitales, carreteras, sistemas de agua y obras de protección frente a desastres. Las obras paralizadas o inconclusas representan no solamente dinero desperdiciado, sino oportunidades perdidas para millones de ciudadanos. En regiones como Áncash, donde existen importantes recursos públicos y enormes necesidades de infraestructura, una reforma de la inversión tendría que sentirse en la ejecución concreta de los proyectos.
También resulta saludable que el Gobierno plantee combatir la evasión tributaria sin recurrir, al menos como primera opción, a elevar las tasas impositivas. Ampliar la base de contribuyentes y lograr que quienes deben pagar cumplan con sus obligaciones es más razonable que continuar cargando la responsabilidad sobre los mismos sectores formales.
El aumento de la remuneración mínima vital a 1,300 soles, planteado en dos etapas, busca proteger el poder adquisitivo sin generar un impacto brusco sobre la inflación y los pequeños negocios. El equilibrio será complicado. Un aumento salarial que no esté acompañado de mayor productividad puede convertirse en un alivio temporal y, simultáneamente, en una dificultad adicional para pequeñas empresas que luchan por mantenerse formales.
La reactivación del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles también debe observarse con cautela. Cualquier mecanismo de estabilización puede ayudar a contener impactos externos, pero no debe convertirse en una fuente de subsidios permanentes que termine deteriorando las finanzas públicas.
Y allí aparece el gran desafío del ministro Cuba: preservar la estabilidad fiscal. Reconocer que existen obligaciones no previstas y advertir sobre los riesgos que algunas normas representan para el déficit y la deuda pública constituye un mensaje necesario. El Perú no puede gastar indefinidamente por encima de sus posibilidades.
Finalmente, el nuevo rumbo anunciado para Petroperú tendrá que demostrar que existe una verdadera voluntad de corregir problemas de gestión que durante años han demandado recursos públicos.
El primer mensaje económico del ministro es, en términos generales, correcto. Ahora viene lo más difícil: pasar de las palabras a las reformas. El éxito de esta gestión no se medirá por la cantidad de comisiones creadas, sino por su capacidad para transformar diagnósticos conocidos en decisiones que eleven la productividad, reduzcan la informalidad, mejoren los servicios públicos y protejan la estabilidad económica. El Perú ya esperó demasiado.