Una vez más, un informe de la Contraloría General de la República pone al descubierto una realidad que no debería ser normal en la administración pública: millones de soles invertidos en obras que no cumplen adecuadamente con la finalidad para la cual fueron ejecutadas y, lo que resulta todavía más grave, servicios que terminan poniendo en riesgo a los mismos ciudadanos que debían beneficiar.
Esta vez, la alerta alcanza al centro poblado La Capilla, en el distrito de Samanco, donde el agua suministrada a la población no cumpliría con los estándares sanitarios establecidos. Estamos hablando de un proyecto de S/ 2 millones 414 mil 607,10, ejecutado por la Municipalidad Distrital de Samanco para mejorar el sistema de agua potable y alcantarillado de esta localidad.
La pregunta es inevitable: ¿cómo es posible que después de una inversión de esta magnitud la población continúe sin tener garantizado el acceso a agua de calidad?
La Contraloría ha advertido que durante los años 2024, 2025 y 2026 se habrían registrado incumplimientos en parámetros como arsénico, manganeso, hierro, conductividad, sulfatos y sólidos disueltos totales. No se trata, por tanto, de una observación menor ni de un simple inconveniente operativo. Se trata de un servicio esencial directamente relacionado con la salud pública.
Más preocupante aún es que durante la inspección se encontró inoperativo el sistema de cloración a gas instalado en el Pozo Patillo, mientras que el reservorio del centro poblado tampoco contaría con un sistema propio de cloración o tratamiento. Es decir, el agua llegaría al reservorio y sería distribuida sin que exista la seguridad de un adecuado proceso de tratamiento o desinfección.
Y mientras las instituciones discuten informes, responsabilidades y procedimientos, los ciudadanos tienen que resolver el problema como pueden. La población de La Capilla utiliza el agua de la red principalmente para limpieza e higiene, mientras que para consumo humano y preparación de alimentos depende de camiones cisterna.
Esta situación revela una de las mayores contradicciones de la gestión pública: se ejecutan inversiones millonarias, se inauguran proyectos y se presentan cifras de gasto como si fueran sinónimo de eficiencia, pero al final el ciudadano no recibe el servicio de calidad que se le prometió.
Una obra pública no puede medirse únicamente por cuánto dinero se gastó o por si fue físicamente culminada. Debe evaluarse por los resultados que produce y por el beneficio real que genera en la población. Si después de invertir más de S/ 2,4 millones una comunidad todavía necesita recurrir a cisternas para contar con agua destinada al consumo humano, algo evidentemente falló.
Y los responsables de estas deficiencias no pueden limitarse a señalar que se trata de problemas de operación o mantenimiento. Quienes formularon, aprobaron, ejecutaron, supervisaron y recibieron la obra tienen que responder, cada uno dentro de sus competencias, por las condiciones en las que fue entregada y viene funcionando.
La población de La Capilla no necesita más explicaciones burocráticas. Necesita agua segura. Necesita que se corrijan las deficiencias y que los recursos públicos cumplan finalmente la finalidad para la que fueron destinados.
Porque cuando la gestión pública falla, el perjuicio no lo soportan los funcionarios desde sus oficinas. Lo soporta el ciudadano de a pie, que paga sus impuestos, espera servicios dignos y termina pagando nuevamente las consecuencias de obras deficientes.
Los más de S/ 2,4 millones invertidos no pueden convertirse en una cifra más de una obra que existe en los documentos, pero que no garantiza plenamente el servicio para el que fue construida. La Contraloría ya hizo la advertencia. Ahora corresponde a las autoridades actuar, corregir y, si corresponde, determinar responsabilidades.