La situación que afrontan los ríos Lacramarca, Casma y Huarmey es una muestra preocupante de cómo los problemas contractuales y legales del Estado pueden terminar convirtiéndose en una amenaza directa para la población. Las obras de prevención y protección quedaron inconclusas, existe un arbitraje entre la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y la empresa OHLA y, mientras las partes discuten sus responsabilidades, los cauces continúan colmatados y las zonas vulnerables permanecen expuestas.
El problema es que la naturaleza no entiende de arbitrajes, contratos ni plazos administrativos. Si las lluvias asociadas al fenómeno El Niño se inician y los ríos incrementan su caudal, el agua no esperará a que concluya un proceso legal para buscar su cauce. Y si encuentra un río colmatado, una defensa ribereña inconclusa o un punto crítico sin protección, el riesgo de desborde será mayor.
Por ello resulta importante que los alcaldes de las provincias del Santa, Casma y Huarmey, así como el alcalde de Nuevo Chimbote, hayan acudido a ANIN para exigir una intervención urgente. No se trata de una demanda política más ni de un reclamo municipal ordinario. Se trata de una advertencia frente a un riesgo que puede comprometer vidas humanas, viviendas, infraestructura, terrenos agrícolas y servicios públicos.
ANIN ha señalado que otorgó a OHLA un plazo hasta hoy miércoles para intervenir en los puntos pendientes. Si la empresa no cumple, se plantea gestionar un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Defensa para posteriormente disponer de maquinaria y ejecutar la descolmatación. Pero aquí aparece nuevamente el problema de fondo: ¿podemos darnos el lujo de esperar dos semanas más mientras los ríos permanecen en las mismas condiciones?
La respuesta debería ser no.
El Estado tiene que encontrar una salida inmediata. Si el problema es jurídico, corresponde al Gobierno adoptar una disposición excepcional, dentro del marco de la ley, que permita intervenir los puntos críticos sin esperar la resolución definitiva del arbitraje. No se puede permitir que una controversia contractual paralice las acciones de prevención cuando existe un peligro concreto para la población.
También debería evaluarse un mecanismo legal que faculte temporalmente a los gobiernos locales, con supervisión y financiamiento del Gobierno Nacional, a ejecutar la descolmatación en aquellos sectores donde la emergencia lo justifique. Lo importante es definir quién tiene competencia, quién proporciona los recursos y quién asume la responsabilidad técnica, pero hacerlo con rapidez.
Los sectores de Tres de Octubre y Villa María, donde existen tramos pendientes de las defensas ribereñas, son una señal de alerta que no puede ser ignorada. Es justamente en esos puntos donde la prevención debe anticiparse al desastre.
El Gobierno Nacional y ANIN tienen que entender que la prevención no puede quedar atrapada en un arbitraje. La controversia con OHLA debe resolverse en las instancias correspondientes y determinarse las responsabilidades que correspondan. Pero esa disputa no puede convertirse en una razón para dejar indefensa a la población.
Porque si mañana llega una creciente y el río desborda, no habrá arbitraje que pueda devolver una vida, reconstruir una vivienda destruida o recuperar una hectárea de cultivo perdida.
El Gobierno todavía está a tiempo de actuar. Puede encontrar el mecanismo legal, emitir la disposición que corresponda, asignar los recursos y ordenar la intervención inmediata. Lo que no puede hacer es seguir trasladando el problema de una oficina a otra mientras los ríos esperan.
Después de una inundación todos encontrarán responsables. Antes de ella, lo que se necesita son responsables que tomen decisiones.
Si el Estado sabe que existe un riesgo y tiene la información, la maquinaria y las instituciones para enfrentarlo, no actuar también es una decisión.
Y si el agua llega, encuentra los ríos colmatados y las defensas inconclusas, la pregunta ya no será quién ganó el arbitraje con OHLA. La pregunta será mucho más grave: ¿quién responderá por no haber hecho lo necesario cuando todavía había tiempo?
El Niño no espera arbitrajes. Los ríos no esperan convenios. Y la población tampoco debería esperar otra tragedia para que el Estado reaccione.