Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente
Universitaria – Especialista Legal en Gestión Pública y Derecho Administrativo
Cada cambio de gobierno renueva una esperanza que en el Perú se ha vuelto casi ritual: la expectativa de que, esta vez, las cosas finalmente funcionen. Cambian los nombres, los ministros, los discursos y las prioridades. Se anuncian reformas, se presentan planes y se promete acercar el Estado al ciudadano. Sin embargo, al poco tiempo reaparecen los mismos problemas: obras paralizadas, servicios deficientes, trámites interminables, instituciones desarticuladas y una administración pública que parece comenzar de nuevo con cada gestión.
Ese es uno de los grandes problemas que el país debe afrontar. El Perú no necesita únicamente buenos gobiernos; necesita un Estado capaz de funcionar incluso cuando cambian quienes lo conducen. Una democracia madura no puede depender exclusivamente de la voluntad, capacidad o popularidad de una autoridad. Requiere instituciones que conserven memoria, cuadros técnicos que permanezcan por mérito, políticas públicas que sean evaluadas antes de ser descartadas y objetivos nacionales que trasciendan los calendarios electorales.
La diferencia no es menor. Un gobierno es temporal. El Estado, en cambio, debe permanecer. Cuando confundimos ambos conceptos, la administración pública termina convertida en una sucesión de reinicios. Cada nueva autoridad modifica equipos, reordena prioridades, revisa expedientes y, en ocasiones, abandona lo que venía ejecutándose simplemente porque fue concebido por la gestión anterior. El costo de esa práctica no lo paga la autoridad saliente ni la entrante: lo paga el ciudadano.
Lo vemos en la infraestructura pública. Una obra que permanece inconclusa durante años no es únicamente un problema de cemento y presupuesto. Puede significar un colegio que no recibe estudiantes, un establecimiento de salud que no atiende pacientes, una carretera que no conecta comunidades o un proyecto de saneamiento que no lleva agua a familias que llevan décadas esperándola. Detrás de cada expediente paralizado existe una necesidad pública que también queda paralizada.
Por ello, la eficiencia estatal no puede medirse solamente por el porcentaje de presupuesto ejecutado. Ejecutar recursos es importante, pero gastar no es lo mismo que gestionar bien. La verdadera pregunta es cuánto valor público se genera con ese gasto: qué servicio mejoró, qué brecha disminuyó, cuánto tiempo ahorró el ciudadano, qué derecho pudo ejercerse en mejores condiciones. La administración pública necesita dejar de celebrar únicamente cifras de ejecución y comenzar a evaluar resultados.
Otro elemento indispensable es la meritocracia. Un Estado que pierde permanentemente a sus mejores cuadros está condenado a repetir errores. La experiencia acumulada por los servidores públicos constituye capital institucional. Cuando los puestos técnicos dependen excesivamente de la confianza política, la administración pierde continuidad y aumenta su vulnerabilidad frente a decisiones improvisadas. La conducción política es legítima y necesaria, pero debe convivir con una estructura profesional capaz de garantizar que las políticas públicas se diseñen y ejecuten con criterios técnicos.
También debemos revisar la forma en que entendemos la modernización del Estado. Modernizar no es trasladar un trámite engorroso del papel a una pantalla. Digitalizar la burocracia sin simplificarla solo produce burocracia digital. Una verdadera transformación exige revisar procedimientos, eliminar exigencias innecesarias, interoperar bases de datos y evitar que el ciudadano tenga que presentar al propio Estado información que el Estado ya posee.
El ciudadano debería ser el centro de la administración pública y no su mensajero. Sin embargo, todavía encontramos personas que deben recorrer oficinas, presentar documentos repetidos y esperar respuestas que podrían resolverse mediante sistemas integrados. Esa distancia entre la lógica administrativa y la experiencia cotidiana explica buena parte de la desconfianza hacia las instituciones.
El Perú necesita, además, una planificación que sobreviva a la coyuntura. Seguridad ciudadana, educación, salud, infraestructura, agua, productividad, formalización y desarrollo territorial no pueden administrarse como agendas de temporada. Son desafíos que requieren continuidad, indicadores verificables y responsabilidades claras. Una política pública que cambia cada vez que cambia un ministro difícilmente podrá producir transformaciones profundas.
Esto también exige fortalecer la descentralización. El Estado no puede funcionar bien desde Lima si las capacidades institucionales son débiles en regiones y municipios. Transferir recursos y competencias sin acompañarlos de asistencia técnica, profesionalización y mecanismos de evaluación genera desigualdades en la calidad de la gestión. El ciudadano de Chimbote, de la sierra de Áncash o de cualquier provincia del país tiene el mismo derecho a recibir servicios públicos eficientes que quien vive en la capital.
El control, por su parte, debe contribuir a proteger los recursos públicos sin convertir el miedo a decidir en una nueva forma de ineficiencia. La lucha contra la corrupción exige firmeza, pero también reglas claras, prevención y responsabilidades bien delimitadas. Un funcionario honesto y competente debe poder tomar decisiones dentro de la ley sin que la administración pública premie la inacción como la opción más segura.
Necesitamos recuperar una idea elemental: gobernar es resolver. No basta aprobar normas si no pueden implementarse. No basta crear programas si no llegan a quienes los necesitan. No basta transferir presupuesto si no se convierte en servicios. Y no basta anunciar reformas si cada cambio político obliga a empezar nuevamente.
El nuevo ciclo político debería servir para plantear una reforma menos vistosa, pero mucho más importante: construir un Estado que no dependa de héroes, improvisaciones ni urgencias. Un Estado profesional, previsible, descentralizado, digital, transparente y orientado a resultados.
El Perú seguirá teniendo gobiernos distintos, como corresponde a una democracia. Lo que no puede seguir teniendo es un Estado distinto cada vez que cambia el gobierno. La estabilidad institucional no significa inmovilismo; significa conservar lo que funciona, corregir lo que falla y avanzar sobre lo aprendido.
Al final, el ciudadano no evalúa al Estado por la cantidad de normas publicadas ni por la intensidad de los discursos. Lo evalúa cuando necesita una cita médica, cuando matricula a sus hijos, cuando denuncia un delito, cuando solicita una licencia, cuando espera una obra o cuando exige justicia. Allí se juega la legitimidad de la administración pública.
Por eso, quizá la gran reforma pendiente no sea inventar nuevamente el Estado peruano, sino conseguir algo más básico y, a la vez, más difícil: que funcione.