La prevención de desastres no puede quedarse en discursos, reuniones ni anuncios de última hora. Cuando existen recursos públicos destinados expresamente a reducir riesgos y atender emergencias, no utilizarlos constituye una grave señal de desidia que puede terminar pagando la población con pérdidas materiales y, peor aún, con vidas humanas.
Los recientes informes de la Contraloría General de la República vuelven a poner sobre la mesa una realidad preocupante en Áncash: el Gobierno Regional y varias municipalidades no están ejecutando oportunamente los recursos destinados a la gestión del riesgo de desastres. Y ello ocurre precisamente cuando las autoridades deberían estar reforzando sus acciones preventivas ante la posibilidad de lluvias intensas, desbordes, huaicos y otros eventos naturales.
De acuerdo con el Informe de Orientación de Oficio N.° 11088-2026-CG/PREV-SOO, el Gobierno Regional de Áncash cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de más de 8 millones de soles en el presupuesto 0068, destinado a la reducción de vulnerabilidades y atención de emergencias. Sin embargo, solo ha ejecutado 2 millones 687 mil 182 soles, equivalente al 34.30%.
El dato resulta todavía más preocupante si se considera que ya transcurrieron 30 días desde que culminó el periodo de 60 días de emergencia establecido para atender estas necesidades. Es decir, mientras el riesgo permanece latente, una parte importante de los recursos continúa sin convertirse en obras, trabajos de limpieza, descolmatación, protección de riberas o acciones concretas de prevención.
La situación tampoco es mejor en algunos gobiernos locales. Nuevo Chimbote, por ejemplo, registra una ejecución de apenas 8.6% de su presupuesto 0068: de los 408 mil 126 soles disponibles, solamente utilizó 35 mil 238 soles. Moro ejecutó el 12.70% y Santa el 28.90%.
Pero hay un dato que debería generar aún mayor preocupación: las municipalidades de Macate y la Municipalidad Provincial de Pallasca ni siquiera han destinado presupuesto para estas emergencias, según los informes de orientación correspondientes de la Contraloría.
En Chimbote, además, la Municipalidad Provincial del Santa tiene otra tarea pendiente. El Informe de Visita de Control N.° 019-2026-OCI/3948 señala que no ejecutó obras o actividades de mantenimiento en 19 de los 33 puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua.
¿Estamos esperando nuevamente que ocurra una emergencia para actuar?
La pregunta es inevitable. La prevención precisamente consiste en intervenir antes de que el río se desborde, antes de que una quebrada se active, antes de que una infraestructura colapse y antes de que una familia pierda su vivienda.
Los recursos existen. La Contraloría ha advertido dónde están las deficiencias. Los puntos críticos han sido identificados. Lo que falta es decisión, planificación y capacidad de ejecución.
Las autoridades no pueden justificar su inacción alegando que una emergencia todavía no ocurre. Precisamente porque puede ocurrir, deben actuar ahora.
El presupuesto para prevención no es dinero que deba permanecer inmovilizado en las cuentas públicas. Es una herramienta para proteger vidas, viviendas, infraestructura y actividades económicas.
Áncash ya conoce demasiado bien el costo de la improvisación. Por eso, los informes de la Contraloría no deberían terminar archivados en escritorios. Deben convertirse en una llamada de atención urgente para que el Gobierno Regional y las municipalidades cumplan con su obligación de prevenir.
Porque cuando llegue la emergencia, ya no habrá tiempo para ejecutar el presupuesto. Y entonces, nuevamente, las autoridades podrían terminar preguntándose por qué no hicieron antes lo que estaban obligadas a hacer.