Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo (*)
La descentralización nació con una promesa poderosa: acercar el Estado a los ciudadanos y permitir que las decisiones sobre el desarrollo territorial se tomaran más cerca de las necesidades reales de cada región. Más de dos décadas después, esa promesa sigue siendo válida, pero sus resultados son desiguales. El Perú transfirió competencias, recursos y responsabilidades, aunque no siempre construyó las capacidades institucionales necesarias para ejercerlas con eficiencia.
El problema no consiste en afirmar que la descentralización fracasó y que todo debería volver a Lima. Esa sería una conclusión simplista. El verdadero desafío es reconocer que descentralizar no significa únicamente transferir presupuesto. Significa construir gobiernos regionales y locales capaces de planificar, ejecutar, controlar y rendir cuentas con estándares profesionales.
Las brechas territoriales muestran por qué esta discusión sigue siendo urgente. En distintas regiones conviven importantes recursos naturales y actividad económica con deficiencias persistentes en infraestructura, saneamiento, salud, educación, conectividad y servicios públicos. Esa contradicción genera una pregunta inevitable: ¿por qué territorios que producen riqueza siguen esperando servicios básicos de calidad?
Parte de la respuesta está en la capacidad de gestión. Un presupuesto elevado no garantiza resultados si los proyectos nacen con expedientes deficientes, si las unidades ejecutoras carecen de personal especializado, si los equipos cambian constantemente o si la planificación responde más al calendario político que a una estrategia territorial. La descentralización requiere instituciones regionales fuertes, no solo autoridades regionales con mayores recursos.
Chimbote y Áncash conocen bien esta paradoja. Una región con enorme importancia pesquera, minera y económica no debería resignarse a que sus principales demandas públicas avancen con lentitud. La discusión no puede limitarse a cuánto dinero existe, sino a la calidad de las decisiones mediante las cuales ese dinero se transforma o no en bienestar.
También existe un problema de continuidad. Cada cambio de gestión regional o municipal puede implicar la revisión de proyectos, el reemplazo de funcionarios y la modificación de prioridades. En consecuencia, una inversión que debería responder a una necesidad objetiva termina dependiendo de la voluntad de la autoridad de turno. El territorio pierde años mientras la administración vuelve a estudiar lo que ya había sido estudiado.
Una descentralización madura necesita separar con mayor claridad la conducción política de la gestión técnica. Las autoridades han sido elegidas para establecer prioridades y responder políticamente por ellas, pero la ejecución requiere cuadros profesionales, estabilidad y especialización. La meritocracia debe llegar con mayor fuerza a los gobiernos subnacionales.
El Gobierno nacional también tiene responsabilidades. No basta transferir competencias y luego observar desde Lima los problemas de ejecución. El rector de una política pública debe acompañar, establecer estándares, generar asistencia técnica y construir sistemas de información que permitan identificar tempranamente los cuellos de botella. Descentralizar no significa abandonar.
Al mismo tiempo, tampoco puede utilizarse la falta de capacidades como argumento permanente para recentralizar decisiones. La solución es precisamente desarrollar esas capacidades. Si después de tantos años determinados gobiernos subnacionales siguen dependiendo de consultorías temporales para tareas esenciales, existe una debilidad institucional que debe enfrentarse de manera estructural.
La planificación territorial es otro asunto pendiente. Las inversiones públicas deberían dialogar con una visión integral de ciudad y región. No tiene sentido construir infraestructura sin prever accesos, servicios complementarios, mantenimiento o crecimiento urbano. Tampoco tiene sentido ejecutar proyectos aislados que no responden a una estrategia productiva o social de largo plazo.
La descentralización también exige mayor transparencia. La proximidad entre autoridad y ciudadano debería facilitar el control social, no debilitarlo. Los gobiernos regionales y municipales deben publicar información comprensible sobre obras, plazos, contratistas, modificaciones presupuestales y avances físicos. La transparencia no debe ser una obligación burocrática que se cumple subiendo documentos incomprensibles a un portal; debe permitir que cualquier ciudadano pueda saber qué se está haciendo con los recursos públicos.
En este punto, la participación ciudadana también debe evolucionar. No basta convocar audiencias o presupuestos participativos como formalidades. Las organizaciones sociales, universidades, colegios profesionales, gremios empresariales y ciudadanía pueden contribuir a identificar prioridades y vigilar resultados. Una región se desarrolla cuando su agenda trasciende a una sola gestión política.
Necesitamos, además, evaluar la descentralización por resultados concretos. ¿Se redujeron las brechas? ¿Mejoraron los servicios? ¿Se ejecutan las inversiones en plazos razonables? ¿Aumentó la capacidad técnica? ¿Existe mayor coordinación entre niveles de gobierno? Estas preguntas deberían importar más que la cantidad de competencias transferidas.
Una reforma de la descentralización debería fortalecer la carrera pública regional y municipal, profesionalizar las unidades de inversión y abastecimiento, mejorar la asistencia técnica, impulsar sistemas digitales interoperables y establecer mecanismos efectivos de seguimiento. También debería diferenciar realidades: no todos los municipios tienen la misma capacidad ni enfrentan los mismos problemas.
El país debe evitar dos extremos. Ni recentralizar por frustración ni mantener un modelo deficiente por temor a reconocer sus fallas. La descentralización es necesaria en un territorio diverso como el Perú, pero debe ser una descentralización responsable, profesional y evaluable.
Las regiones no necesitan únicamente más recursos. Necesitan mejores instituciones para administrarlos. Y el Gobierno nacional no necesita recuperar competencias: necesita cumplir mejor su papel rector, articulador y garante de estándares.
Después de más de veinte años, la pregunta ya no es si debemos descentralizar. La pregunta es qué debemos corregir para que la descentralización finalmente se traduzca en oportunidades, servicios y desarrollo para quienes viven fuera de Lima.
Cuando una región produce riqueza pero sus ciudadanos continúan esperando obras y servicios esenciales, la descentralización mantiene una deuda. Saldarla no requiere volver al pasado; requiere construir un Estado territorialmente más inteligente, técnicamente más fuerte y verdaderamente cercano al ciudadano.
(*) Abogada – Docente Universitaria – Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo