La decisión de Sedachimbote de intensificar los operativos de fiscalización y clausurar conexiones clandestinas constituye una medida necesaria para poner orden en un servicio que no puede seguir funcionando bajo la lógica de “consumo ahora y pago después”. Los recientes operativos han permitido detectar seis predios que, pese a tener el servicio suspendido por falta de pago, habían reaperturado de manera irregular sus conexiones de agua potable y alcantarillado. La deuda acumulada supera los 89 mil soles y, en algunos casos, llega a registrar más de 200 meses de morosidad.
No estamos frente a simples retrasos de unos cuantos recibos. Hay usuarios que llevan más de diez, doce o incluso diecisiete años acumulando obligaciones. El caso de la panadería intervenida en Miramar Alto, con 208 meses de deuda y casi 20 mil soles pendientes, resulta particularmente preocupante. ¿Cuánto tiempo debe esperar una empresa prestadora para hacer cumplir las reglas? ¿Cuántas oportunidades de refinanciamiento pueden concederse cuando los compromisos tampoco son cumplidos?
El agua potable es un servicio esencial, pero precisamente por esa condición debe ser administrado con responsabilidad. Sedachimbote necesita recursos para mantener redes, reparar tuberías, garantizar el abastecimiento, mejorar la infraestructura y brindar un servicio adecuado a miles de familias. Cuando un usuario evade deliberadamente el pago y, además, manipula una conexión previamente clausurada, perjudica no solo a la empresa, sino también a los usuarios que sí cumplen puntualmente con sus obligaciones.
La morosidad tampoco puede convertirse en una práctica tolerada. Una cosa es atender situaciones sociales excepcionales mediante mecanismos de fraccionamiento y facilidades de pago; otra muy distinta es permitir que algunos usuarios acumulen deudas durante años y luego pretendan continuar consumiendo agua como si nada hubiera ocurrido.
Por ello, Sedachimbote debe mantener la mano firme contra las conexiones clandestinas. Los operativos no deberían ser acciones aisladas ni campañas temporales. Se necesita una fiscalización permanente, un sistema eficiente de detección de reaperturas y sanciones efectivas para quienes reincidan. La tecnología y el control comercial también deben jugar un papel importante para identificar rápidamente a los predios que vuelven a conectarse ilegalmente.
Pero la mano dura debe ir acompañada de reglas claras y transparencia. Los usuarios que tienen deudas deben conocer las alternativas legales para regularizar su situación, mientras que quienes reinciden deliberadamente deben asumir las consecuencias establecidas por la normativa.
Sedachimbote tiene también una responsabilidad: mejorar su capacidad de cobranza y evitar que las deudas se acumulen durante años sin una respuesta oportuna. No resulta razonable descubrir hoy obligaciones que llevan décadas creciendo.
El mensaje debe ser contundente: quien consume agua debe pagar por ella y quien tiene el servicio suspendido no puede reconectarse clandestinamente. Defender la sostenibilidad de Sedachimbote significa proteger el derecho de los usuarios cumplidores y garantizar que el servicio pueda mantenerse para toda la población. La tolerancia frente a la morosidad crónica y las conexiones clandestinas ya no puede ser la regla.