No es la primera vez que advertimos sobre las enormes inversiones ejecutadas por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Tampoco es la primera vez que ponemos sobre la mesa los cuestionamientos alrededor de los llamados “eventos compensables”, mecanismo que ha terminado convirtiéndose, en muchos casos, en la explicación para incrementos presupuestales que resultan difíciles de justificar ante la opinión pública.
Ahora la Contraloría General de la República vuelve a encender las alarmas. Cuatro colegios de Chimbote, Nuevo Chimbote y Huarmey, reconstruidos y culminados bajo responsabilidad de la ANIN, presentan deficiencias que no han sido subsanadas. Y lo más preocupante es que algunas llevan cientos de días esperando una solución. En el caso del colegio Gastón Vidal Porturas, existen defectos pendientes que acumulan hasta 778 días sin atención.
Estamos hablando de colegios nuevos, construidos precisamente para superar las deficiencias de la infraestructura educativa que dejó el fenómeno de El Niño de 2017. No deberían existir fisuras, problemas de seguridad, equipos inoperativos, deficiencias en servicios higiénicos o elementos faltantes que comprometan la funcionalidad y salubridad de los locales. Mucho menos deberían permanecer sin solución durante años.
Pero hay otro aspecto que resulta todavía más indignante: los incrementos de las inversiones.
Según la Contraloría, el presupuesto de la intervención del colegio Miguel Grau se incrementó en 882 %; el de la institución educativa n.° 89001, Ex Prevocacional, en 560 %; el José Carlos Mariátegui de Huarmey, en 422 %; y el Gastón Vidal Porturas, en 349 %.
Son cifras que deberían generar, como mínimo, una explicación pública, detallada y documentada. No estamos hablando de pequeños reajustes derivados de la inflación o de modificaciones menores durante la ejecución de una obra. Estamos ante incrementos que multiplican varias veces los presupuestos originales.
Y mientras los montos aumentan de manera espectacular, aparecen defectos que no son atendidos oportunamente. Entonces cabe preguntarse: ¿cómo se están supervisando estas obras? ¿Quién está asumiendo la responsabilidad por las deficiencias? ¿Por qué la ANIN no ha hecho uso, cuando corresponde, de los mecanismos previstos en los contratos para que terceros subsanen los defectos y luego recuperar esos costos del contratista?
La Contraloría ha puesto nuevamente el dedo en la llaga. Los informes no deben terminar archivados en algún escritorio. La ANIN tiene la obligación de responder, corregir y garantizar que estos colegios cumplan realmente con las condiciones de seguridad, funcionalidad, confort y salubridad que justificaron su reconstrucción.
Porque si una obra cuesta cientos de millones más de lo inicialmente previsto, lo mínimo que la ciudadanía puede exigir es que esté bien hecha. No es aceptable pagar más para recibir menos.
Los escolares de Áncash no necesitan discursos ni inauguraciones. Necesitan colegios seguros, funcionales y de calidad. Y los ciudadanos necesitan saber por qué estas obras costaron tanto y por qué, pese a esos millonarios incrementos, todavía presentan deficiencias que permanecen sin solución.
La ANIN tiene la palabra. Pero, sobre todo, tiene una deuda pendiente con la transparencia y con los estudiantes que utilizan estos colegios.