El caso de las denuncias por presunto fraude en la administración de personas jurídicas contra Javier Ulloa Siccha y otros exautoridades de la Universidad San Pedro deja una preocupación que no puede pasar inadvertida: tres veces una Fiscalía Superior ha cuestionado y anulado decisiones de archivamiento y, pese a ello, el mismo fiscal provincial volvió a insistir en una salida que no superaba las observaciones formuladas por su superior jerárquico.
No estamos ante una simple diferencia de criterios jurídicos. Lo que revela la Disposición Fiscal Superior N.° 272-2026, del 24 de julio, es una cadena de decisiones que ha terminado prolongando innecesariamente una investigación y generando incertidumbre entre las partes.
La primera llamada de atención llegó en septiembre de 2025. La segunda, en marzo de este año, fue todavía más clara: se advirtieron incongruencias, omisiones, insuficiente análisis fáctico y jurídico y la falta de individualización de los hechos atribuidos a cada investigado. Se ordenó entonces emitir un nuevo pronunciamiento conforme a ley.
Pero, según la propia Fiscalía Superior, los defectos volvieron a aparecer. Es decir, las observaciones no fueron superadas y la carpeta terminó nuevamente elevada al superior.
Aquí está el punto central. La autonomía de un fiscal no puede convertirse en una licencia para desconocer reiteradamente las decisiones de su superior jerárquico. Si existen discrepancias jurídicas, estas deben resolverse dentro de los mecanismos establecidos por la ley; lo que no resulta razonable es mantener durante años una investigación atrapada entre archivamientos y nulidades.
Por ello, la decisión de disponer el cambio del fiscal provincial Jaime Enrique Valdez Santillana no debe interpretarse como una condena anticipada contra nadie. Tampoco significa que los denunciados sean culpables. Significa, más bien, que debe existir una investigación conducida con objetividad, debida motivación y respeto a las decisiones superiores.
El Ministerio Público tiene una responsabilidad fundamental frente a la sociedad: investigar tanto aquello que incrimina como aquello que favorece a los investigados, y hacerlo dentro de los plazos y procedimientos establecidos. La ciudadanía no puede quedar con la impresión de que una denuncia puede permanecer indefinidamente en un laberinto de decisiones fiscales.
El abogado Oswaldo Faustino Villanueva sostiene que las denuncias están documentadas y que incluso se ha denunciado penalmente al fiscal provincial. Corresponderá ahora al nuevo fiscal evaluar el expediente y determinar, con independencia y conforme a ley, qué corresponde hacer.
Lo importante es que se termine el ciclo de archivamiento, nulidad y nueva elevación. Si corresponde archivar, que se archive con una decisión sólida, clara y debidamente fundamentada. Si existen elementos para continuar investigando, que se investigue hasta esclarecer los hechos.
Después de tres disposiciones superiores cuestionando los archivamientos, lo mínimo que corresponde es garantizar una investigación transparente y técnicamente sustentada. La justicia no solo debe ser imparcial; también debe parecerlo.
El caso de la Universidad San Pedro merece una respuesta definitiva y jurídicamente consistente. No más vueltas. No más años de incertidumbre. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y las instituciones tienen la obligación de garantizar que esa verdad sea buscada sin favoritismos ni obstáculos.