Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo (*)
Durante mucho tiempo la política peruana se acostumbró a medir su éxito por la capacidad de prometer. Más obras, más empleo, más seguridad, mejores servicios, menos burocracia. Las campañas electorales convirtieron el futuro en un catálogo de compromisos. Pero la ciudadanía ha cambiado. Después de años de crisis, inestabilidad y frustración institucional, el ciudadano ya no se conforma con escuchar lo que el Estado hará: quiere saber qué hizo, cuánto costó y qué cambió realmente en su vida.
Este cambio debería transformar también la manera en que entendemos la gestión pública. La legitimidad de una autoridad no proviene únicamente de haber ganado una elección. Esa legitimidad democrática debe renovarse mediante resultados, transparencia y capacidad de respuesta. Gobernar implica cumplir.
Sin embargo, la administración pública todavía suele concentrarse en actividades antes que en resultados. Se informa cuántas reuniones se realizaron, cuántos documentos se emitieron, cuánto presupuesto se comprometió o cuántas campañas se organizaron. Todo ello puede ser necesario, pero no responde la pregunta fundamental: ¿mejoró el problema que justificó la intervención del Estado?
Una política de seguridad no debería evaluarse solo por el número de operativos, sino por su capacidad para reducir delitos y aumentar la confianza de la población. Una política de salud no debería medirse únicamente por el presupuesto asignado, sino por tiempos de atención, disponibilidad de servicios y capacidad preventiva. Una inversión educativa no debería celebrarse solo por inaugurar infraestructura, sino por las condiciones reales en las que aprenden los estudiantes.
La gestión por resultados exige una administración que sepa medir. Y medir no significa producir indicadores para llenar informes. Significa utilizar información para decidir, corregir y rendir cuentas. Si una política no funciona, debe modificarse. Si un programa obtiene buenos resultados, debe fortalecerse. Si una obra se retrasa, debe conocerse la causa y determinar responsabilidades antes de que el retraso se convierta en abandono.
También debemos revisar la relación entre ciudadano y burocracia. Para muchas personas, el Estado sigue siendo una sucesión de ventanillas, requisitos y esperas. Esa experiencia cotidiana tiene un enorme impacto político. Cada trámite innecesario comunica indiferencia; cada respuesta tardía debilita confianza; cada procedimiento que obliga al ciudadano a presentar información que ya está en poder de otra entidad revela desarticulación.
La simplificación administrativa no debe verse como una reforma menor. Reducir cargas innecesarias significa devolver tiempo a las personas y a las empresas. Significa permitir que un emprendedor dedique más horas a producir y menos a perseguir documentos. Significa que una persona vulnerable no tenga que desplazarse repetidamente para acreditar ante el Estado una situación que el propio Estado podría verificar.
La transformación digital puede ayudar, pero solo si se diseña desde la experiencia del usuario. No sirve digitalizar un procedimiento confuso y conservar todos sus obstáculos. La tecnología debe simplificar, integrar y hacer trazables las decisiones. Además, debe garantizar alternativas para quienes enfrentan brechas digitales, porque modernizar no puede significar excluir.
La exigencia de resultados también alcanza a la inversión pública. Durante años hemos confundido ejecución presupuestal con eficiencia. Una entidad puede gastar un porcentaje elevado y, aun así, producir poco valor público. Lo que importa es la calidad de la inversión, su oportunidad, su sostenibilidad y su impacto.
En regiones como Áncash, esta discusión es especialmente importante. La ciudadanía observa recursos, proyectos anunciados y necesidades que persisten. Cuando existe distancia entre la disponibilidad de presupuesto y la calidad de los servicios, crece la percepción de que el Estado tiene recursos pero no capacidad suficiente para convertirlos en soluciones.
El control gubernamental debe acompañar esta transformación. Controlar no es solamente buscar responsabilidades cuando todo terminó mal. También es identificar riesgos, fortalecer procesos y prevenir pérdidas. La integridad pública se construye antes de la irregularidad, mediante sistemas que reduzcan espacios de discrecionalidad indebida y hagan visibles las decisiones.
Pero la rendición de cuentas no puede limitarse a informes técnicos. Las autoridades deben explicar a la ciudadanía, en lenguaje comprensible, qué prometieron, qué cumplieron, qué no pudieron cumplir y por qué. Reconocer un problema con claridad puede generar más confianza que ocultarlo detrás de estadísticas.
Existe, además, una dimensión ética. Los recursos públicos no pertenecen a una administración ni a una autoridad. Provienen del esfuerzo de toda la sociedad y deben administrarse con responsabilidad. Cada obra innecesaria, cada compra deficiente y cada proyecto que se abandona representa recursos que pudieron destinarse a una necesidad real.
El ciudadano contemporáneo dispone de más información, compara, cuestiona y exige. Esa ciudadanía más crítica no debería incomodar al Estado; debería obligarlo a mejorar. La democracia se fortalece cuando el poder acepta ser evaluado.
Por eso, el nuevo estándar de la política pública debería ser sencillo: menos anuncios y más evidencia; menos trámites y más soluciones; menos improvisación y más planificación; menos cifras aisladas y más resultados que puedan sentirse en la vida cotidiana.
La confianza no se recuperará mediante campañas institucionales. Se recuperará cuando una persona compruebe que una denuncia es atendida, que una cita médica llega a tiempo, que una obra se termina, que un trámite puede resolverse sin intermediarios y que un funcionario responde por sus decisiones.
El ciudadano ya no espera promesas. Exige resultados. Y esa exigencia, lejos de ser una amenaza para el Estado, puede convertirse en la oportunidad que necesitamos para construir una administración pública más eficiente, transparente y cercana.
(*) Abogada – Docente Universitaria – Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo