Hay situaciones que dejan de ser simples problemas administrativos y empiezan a convertirse en una muestra preocupante de cómo se manejan los bienes públicos. Lo que ocurre con el Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Chimbote es una de ellas.
La pregunta es sencilla y, sin embargo, nadie parece dispuesto a responderla: ¿hasta cuándo seguirá la OSPA Isla Blanca ocupando las instalaciones del DPA si el convenio que sustentaba su permanencia venció el 29 de setiembre de 2025?
Ha pasado casi un año. Casi doce meses durante los cuales el Gobierno Regional de Áncash ha tenido tiempo suficiente para definir una posición, ejecutar sus propias decisiones administrativas y, si correspondía, recuperar una infraestructura que pertenece al Estado. Pero hasta ahora, la situación continúa prácticamente igual. Y eso es lo que resulta inadmisible.
Más aún cuando se sostiene que el propio Gobierno Regional emitió resoluciones mediante las cuales resolvió el convenio con Isla Blanca. Si una entidad pública emite una resolución, lo mínimo que se espera es que tenga la capacidad y la voluntad de hacerla cumplir. De lo contrario, ¿para qué sirven las resoluciones? ¿Son acaso simples papeles que pueden ser ignorados indefinidamente?
El problema no es únicamente Isla Blanca. El problema mayor es la inacción de quienes tienen la responsabilidad de administrar y defender el patrimonio público.
Si el convenio terminó, el Gobierno Regional tiene que explicar qué título legal permite que la organización continúe ocupando el desembarcadero. Y si existe un proceso arbitral, judicial o administrativo que impide la recuperación del inmueble, también debe informarlo. Lo que no puede aceptarse es el silencio.
Y en este punto la Procuraduría Pública Regional tiene mucho que explicar. Su función no puede reducirse a esperar que los problemas se solucionen solos. Si existe una controversia sobre la posesión o utilización de un bien público, corresponde evaluar y ejecutar las acciones legales que correspondan para proteger los intereses del Estado.
Tampoco puede permanecer indiferente la Dirección Regional de la Producción. El DPA no es una propiedad particular ni un espacio que pueda quedar atrapado en una disputa indefinida. Es una infraestructura estratégica para la actividad pesquera artesanal y, por tanto, su administración debe estar sometida a reglas claras y a decisiones transparentes.
Lo más grave es que estamos llegando al final de una gestión regional y este problema amenaza con convertirse en otra herencia incómoda para la próxima administración. Una más de tantas controversias que se dejan crecer hasta que terminan convirtiéndose en conflictos mayores.
Aquí no se trata de favorecer a Isla Blanca ni de perjudicarla. Se trata de saber quién tiene derecho a ocupar y administrar actualmente el DPA y bajo qué documento. Si existe un instrumento vigente, que se muestre. Si no existe, que se actúe conforme a ley.
Lo que no puede continuar es esta suerte de tierra de nadie administrativa, donde aparentemente una resolución no se cumple, un convenio vencido sigue generando efectos y las autoridades guardan silencio.
El gobernador regional tiene la obligación de exigir información y adoptar una decisión. El procurador debe defender los intereses del Estado. La DIREPRO debe asumir su responsabilidad.
El DPA de Chimbote no puede seguir esperando.
Casi un año es demasiado tiempo para una controversia que debería tener una respuesta clara. Si las autoridades siguen mirando hacia otro lado, terminarán demostrando que el problema no es que no sepan qué hacer, sino que simplemente no quieren hacerlo.
Y eso, tratándose de un bien público, es mucho más grave.