Por: Fernando Zambrano Ortiz
Analista Político
La oposición es indispensable en una democracia: fiscaliza, denuncia excesos y obliga al Gobierno a rendir cuentas. Pero existe una diferencia entre controlar al poder y convertir el Congreso en una plataforma de obstrucción. Lo primero fortalece las instituciones; lo segundo perjudica al país.
La actuación de Juntos por el Perú durante las primeras semanas del nuevo Gobierno parece inclinarse peligrosamente hacia lo segundo.
Durante la campaña, Roberto Sánchez se apropió deliberadamente de la simbología de Pedro Castillo. Utilizó el sombrero que le entregó el expresidente como expresión de un acuerdo político y como emblema de su propuesta de “refundar la patria”. Fue una identificación consciente con el castillismo.
Ese gesto no puede separarse del 7 de diciembre de 2022, cuando Castillo anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un gobierno de excepción. No fue una controversia ordinaria entre poderes, sino un intento de quebrar el orden constitucional y concentrar el poder al margen de la Constitución.
El electorado no le otorgó la Presidencia a Sánchez. Sin embargo, en lugar de asumir una oposición responsable, Juntos por el Perú parece haber trasladado la segunda vuelta electoral al Congreso. El Gobierno no había cumplido un mes y ya enfrentaba tres iniciativas de control político contra integrantes del gabinete.
La primera se dirigió contra el ministro de Defensa por presuntos aportes realizados durante la campaña. Si existen indicios de alguna irregularidad, deben investigarse respetando el debido proceso. Pero resulta cuestionable utilizar hechos anteriores a su designación para intentar desestabilizar la conducción de un sector estratégico.
La segunda ofensiva estuvo vinculada con la lucha contra la delincuencia. Exigir resultados frente a la criminalidad es legítimo y urgente. Lo irracional es pretender que un Gobierno con apenas dos semanas en funciones resuelva una crisis acumulada durante años. En ese momento, el Ejecutivo todavía evaluaba funcionarios, reorganizaba sectores y recibía información sobre el estado de las instituciones.
Estos cuestionamientos comenzaron, además, antes de que el presidente del Consejo de Ministros expusiera ante el Congreso la política general del Gobierno. Cuando finalmente lo hizo, anunció medidas sobre flagrancia, extorsión, inteligencia y establecimientos penitenciarios de alta seguridad. Estas acciones deberán fiscalizarse y, para ello, el presidente del Consejo de Ministros ha presentado objetivos y plazos que permitirán realizar una evaluación seria luego de un periodo razonable de ejecución.
La tercera iniciativa se relacionó con el incremento del precio de los combustibles. El ministro de Energía y Minas debe explicar las medidas adoptadas, pero también debe reconocerse que el alza responde principalmente al conflicto en Oriente Medio, las restricciones de abastecimiento y la volatilidad internacional del petróleo. Presentar un choque externo como fracaso de un ministro recién designado puede ser políticamente rentable, pero es técnicamente insostenible.
La misma conducta se observó frente al pedido de delegación de facultades. Antes de conocer el texto definitivo, algunos representantes ya anunciaban su rechazo. Una delegación nunca debe aprobarse como un cheque en blanco, pero oponerse sin leer la propuesta tampoco es fiscalización: es prejuicio político.
Las facultades anunciadas comprenden medidas urgentes frente a la criminalidad organizada y el fenómeno El Niño. Ambas amenazas pueden ocasionar pérdidas humanas, destrucción de infraestructura y graves perjuicios económicos. Ante ellas, el país necesita un control parlamentario responsable.
También preocupa la coincidencia de Juntos por el Perú con sectores del Partido del Buen Gobierno. Esta aproximación parece responder más a cálculos parlamentarios y a la búsqueda de cuotas que a una agenda coherente para enfrentar los problemas nacionales.
Paradójicamente, las interpelaciones podrían producir el efecto contrario al buscado: exhibir la solvencia de ministros que esta vez sí parecen dar la talla y dejar en evidencia la precariedad de sus acusadores.
Es más, aunque algunas mociones no fueran admitidas, los ministros deberían solicitar voluntariamente su presentación ante las comisiones competentes del Senado. Allí podrían informar sobre sus decisiones, objetivos, plazos y resultados esperados, como corresponde al inicio de un periodo gubernamental. Quien conoce su sector y puede defender sus políticas no necesita esconderse de la fiscalización.
Detrás de esta ofensiva apresurada se percibe algo más grave: la pretensión de promover una suerte de “golpe blanco” contra un Gobierno que apenas comienza a gobernar. Resulta especialmente preocupante después del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, quien hoy cumple condena por aquellos hechos.
Esa debería ser una advertencia para los neogolpistas: la democracia permite disentir, fiscalizar y confrontar, pero no utilizar las instituciones para quebrar, por vías encubiertas, la voluntad expresada en las urnas.
Juntos por el Perú todavía puede rectificar. Puede cuestionar, pero también proponer; fiscalizar, pero sin paralizar. Si persiste en utilizar el Congreso como instrumento de obstrucción, terminará confirmando una denominación mucho más preocupante: **Juntos contra el Perú**.