Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo (*)
En una democracia, el desacuerdo entre poderes no es una anomalía. Es parte del sistema. El Congreso legisla, representa y ejerce control político; el Poder Ejecutivo dirige la política general del gobierno y administra el Estado. Sus funciones son diferentes y, precisamente por ello, pueden existir tensiones. El problema aparece cuando la tensión deja de ser institucional y se convierte en confrontación permanente.
El Perú conoce demasiado bien el costo de una relación política basada en el enfrentamiento. Cuando Ejecutivo y Congreso utilizan sus atribuciones como instrumentos de bloqueo recíproco, la consecuencia no queda encerrada en el Palacio de Gobierno o en el hemiciclo. Se trasladan al ciudadano las reformas postergadas, la incertidumbre, la inestabilidad de los equipos y la dificultad para sostener políticas públicas.
La Constitución diseña mecanismos de control y equilibrio porque ningún poder debe actuar sin límites. Fiscalizar al Ejecutivo no es obstruirlo; es una función esencial del Congreso. Del mismo modo, cuestionar una norma o plantear observaciones no significa desconocer al Parlamento. La democracia exige contrapesos. Pero un contrapeso no es un enemigo.
El reto consiste en distinguir control político de confrontación política. El primero busca responsabilidad, transparencia y corrección. La segunda, cuando se convierte en método permanente, puede terminar subordinando el interés general a la rentabilidad inmediata del conflicto.
El nuevo escenario político ofrece una oportunidad para recuperar una relación institucional más madura. Dialogar no significa que el Congreso renuncie a fiscalizar ni que el Ejecutivo renuncie a gobernar. Significa reconocer que existen problemas nacionales cuya solución requiere cooperación: seguridad ciudadana, reactivación económica, educación, salud, infraestructura, descentralización, formalización y reforma del Estado.
Estas materias no pueden resolverse mediante normas aisladas ni anuncios unilaterales. Una reforma seria requiere debate, información técnica, predictibilidad y acuerdos mínimos. El Congreso debe producir leyes de calidad y el Ejecutivo debe implementarlas de manera eficiente. Si uno legisla sin considerar viabilidad administrativa y el otro ejecuta sin construir respaldo político, el resultado será débil.
La calidad legislativa merece especial atención. Legislar más no necesariamente significa legislar mejor. Cada nueva ley genera obligaciones, costos, procedimientos y efectos sobre ciudadanos, empresas y entidades públicas. Por ello, las iniciativas legislativas deberían contar con mayor evaluación de impacto, coherencia normativa y análisis de implementación.
Una norma puede tener una finalidad popular y, sin embargo, producir consecuencias negativas si no ha sido técnicamente evaluada. El Parlamento debe resistir la tentación de convertir cada problema coyuntural en una nueva ley. A veces el problema no es la ausencia de normas, sino el incumplimiento de las existentes o la falta de capacidad institucional para ejecutarlas.
El Ejecutivo, por su parte, tiene la obligación de mejorar la calidad de su relación con el Congreso. La coordinación política no puede activarse únicamente cuando necesita votos. Debe existir comunicación institucional permanente, respeto por las competencias parlamentarias y capacidad para explicar técnicamente las políticas públicas.
También resulta indispensable elevar el nivel del control político. Las interpelaciones, investigaciones y pedidos de información son instrumentos legítimos, pero deben orientarse a esclarecer responsabilidades y mejorar la gestión, no a producir únicamente impacto mediático. Una fiscalización seria fortalece la democracia; una fiscalización convertida en espectáculo termina debilitándola.
El diálogo institucional tampoco implica impunidad. Si existen actos de corrupción, abuso de poder o incumplimiento de deberes, corresponde investigar y sancionar. La cooperación democrática no puede utilizarse para encubrir irregularidades. Precisamente porque se dialoga dentro de un Estado de derecho, cada poder debe respetar sus límites y responder por sus actos.
El país necesita recuperar la idea de políticas de Estado. Hay materias que deberían sobrevivir a las mayorías parlamentarias y a los gobiernos. La lucha contra la anemia, la seguridad, la educación, la infraestructura estratégica, la transformación digital, la reforma de la justicia y la profesionalización del servicio civil requieren horizontes mayores que un período político.
El Congreso puede desempeñar un papel decisivo si utiliza su capacidad de representación para construir acuerdos nacionales y no solo posiciones partidarias. Las regiones necesitan que sus demandas se conviertan en agendas legislativas responsables, no en una competencia por aprobar normas sin financiamiento o sin capacidad de ejecución.
En ese sentido, Áncash y Chimbote también necesitan una representación que coloque en el debate nacional sus desafíos productivos, pesqueros, ambientales, de infraestructura y servicios públicos, pero con propuestas técnicamente sustentadas. Representar no es únicamente reclamar recursos; es contribuir a diseñar soluciones viables.
La gobernabilidad no significa ausencia de conflicto. Significa capacidad para procesarlo dentro de reglas democráticas. Un Congreso que fiscaliza con rigor y legisla con responsabilidad puede convivir con un Ejecutivo que gobierna con autoridad y respeta los contrapesos.
El ciudadano no espera que ambos poderes piensen igual. Espera algo más razonable: que sus diferencias no paralicen al país. Espera que puedan discrepar sobre políticas sin convertir cada desacuerdo en una crisis institucional. Espera que la política sea capaz de producir decisiones.
Después de años de enfrentamientos, el Perú necesita demostrar que el diálogo no es debilidad. Puede ser, por el contrario, una forma de responsabilidad constitucional. Dialogar no significa renunciar a principios; significa buscar, dentro de ellos, espacios de acuerdo para resolver problemas que ningún poder puede solucionar por sí solo.
Congreso y Ejecutivo tienen funciones distintas, legitimidades propias y responsabilidades específicas. Pero comparten algo esencial: ambos ejercen poder en nombre de los ciudadanos. Esa debería ser razón suficiente para recordar que gobernar y legislar no son competencias enfrentadas, sino partes de una misma obligación democrática: hacer que el Estado funcione.
(*) Abogada – Docente Universitaria – Especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo