El Ministerio Público tiene una responsabilidad fundamental en cualquier sociedad democrática: investigar los hechos que podrían constituir delitos y hacerlo con objetividad, diligencia y dentro de plazos razonables. Cuando esa obligación no se cumple, no solamente se retrasa un expediente. Se debilita la confianza de los ciudadanos en la justicia y se abre la puerta a una peligrosa sensación de impunidad.
El caso de la denuncia por presunto fraude en la administración de personas jurídicas vinculada a la Universidad San Pedro vuelve a poner este problema sobre la mesa. Según lo señalado por la denunciante Blanca Luz Silva Baca, desde abril hasta agosto de este año no se habrían producido avances sustanciales en la investigación a cargo del fiscal Fernando Anticona Minchola.
La Disposición Fiscal N.° 7, de fecha 22 de abril de 2026, dispuso ampliar la investigación por quince días y solicitar copias fedateadas de los actuados de otra carpeta fiscal. Asimismo, dejó pendiente la inclusión de Gladys Villarreal Correa mientras se obtenía dicha documentación.
Pero aquí aparece una pregunta que merece una respuesta clara: ¿qué ocurrió después?
Porque una investigación fiscal no puede convertirse en un expediente que simplemente espera. Si existen diligencias pendientes, deben impulsarse. Si falta documentación, debe gestionarse. Si corresponde tomar declaraciones, realizar pericias, solicitar información o contrastar evidencias, esas actuaciones deben ejecutarse.
Lo más preocupante es que, de acuerdo con la denuncia de la dirigente sindical, han transcurrido varios meses sin que se advierta una actuación efectiva. Cuatro meses pueden parecer poco frente a la duración de algunos procesos judiciales, pero son demasiado cuando se trata de una investigación que precisamente fue ampliada para realizar diligencias concretas.
Y este no es un asunto menor. Cuando una fiscalía demora injustificadamente, el ciudadano termina preguntándose si realmente existe voluntad de investigar. Peor aún, cuando existen antecedentes de archivamientos que posteriormente fueron anulados por una instancia superior, la obligación de actuar con mayor diligencia debería ser todavía mayor.
El problema no es solamente un fiscal o una carpeta fiscal. El problema es un sistema que, en demasiadas ocasiones, parece funcionar a velocidad distinta a la que necesitan las víctimas, los denunciantes y la sociedad.
La justicia tardía puede terminar pareciéndose demasiado a la injusticia. Cada mes que una investigación permanece inmóvil aumenta la frustración de quienes esperan respuestas y puede favorecer que determinadas situaciones continúen sin ser esclarecidas.
El Ministerio Público no puede limitarse a producir disposiciones fiscales. Debe investigar. Esa es su razón de ser.
Si existen denuncias, corresponde esclarecerlas; si existen responsabilidades, determinar quiénes las tienen; y si no existen delitos, demostrarlo mediante una investigación seria y objetiva.
Chimbote no necesita más expedientes que duerman en los despachos. Necesita fiscales que entiendan que detrás de cada carpeta hay ciudadanos que esperan justicia.
Porque cuando una investigación no avanza, la impunidad gana tiempo. Y cuando la impunidad gana tiempo, la ciudadanía pierde confianza.