La declaratoria de estado de emergencia para 66 distritos de Áncash ante el peligro inminente de lluvias intensas asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027 no debe convertirse en una resolución más que termine archivada en algún escritorio de la administración pública. Es, sobre todo, una alerta que obliga a actuar de inmediato.
La emergencia decretada por el Gobierno nacional coloca a Áncash frente a una responsabilidad enorme. Y en esta tarea no puede haber espectadores. Los tres niveles de gobierno nacional, regional y local tienen que involucrarse de manera coordinada, dejando de lado la burocracia, los cálculos políticos y las conocidas demoras que suelen aparecer cuando se trata de prevención.
La situación es todavía más preocupante porque están comprendidos todos los distritos de la provincia del Santa. Chimbote, Nuevo Chimbote, Santa, Nepeña, Samanco, Cáceres del Perú, Macate, Moro y Coishco, entre otros, conocen perfectamente las consecuencias que pueden generar las lluvias intensas, desbordes, quebradas activadas, huaicos e inundaciones.
No se trata de esperar las primeras lluvias para recién comenzar a limpiar canales, reforzar defensas ribereñas, descolmatar ríos y quebradas o identificar zonas críticas. La emergencia ha sido declarada precisamente para actuar antes de que ocurra la tragedia.
El Gobierno nacional debe asumir su responsabilidad proporcionando asistencia técnica, recursos y maquinaria, además de garantizar que los ministerios involucrados respondan con rapidez a los requerimientos de Áncash. El Gobierno Regional, por su parte, tiene que liderar una estrategia regional de prevención, articulando a sus gerencias y destinando los recursos disponibles a las zonas de mayor riesgo.
Pero también los gobiernos locales tienen una tarea fundamental. Los alcaldes conocen mejor que nadie los puntos críticos de sus jurisdicciones. Saben dónde se desbordan los ríos, qué quebradas representan peligro, qué puentes requieren intervención y qué sectores urbanos pueden quedar aislados o inundados.
No hay tiempo para esperar.
La declaratoria de emergencia permite adoptar medidas excepcionales de reducción del riesgo, respuesta y rehabilitación. Esa oportunidad debe aprovecharse con planificación, transparencia y rapidez. No sería aceptable que, después de una emergencia, las autoridades vuelvan a señalar que faltaron recursos, maquinaria o coordinación.
Áncash ya ha vivido demasiadas tragedias provocadas por fenómenos naturales. También ha conocido obras de prevención que llegan tarde, proyectos que permanecen paralizados y recursos que no son utilizados oportunamente.
Por eso, esta emergencia debe marcar una diferencia. Prevención no significa gastar cuando ocurre el desastre; significa invertir antes para evitar pérdidas humanas y materiales.
Los 66 distritos incluidos en la declaratoria representan una enorme responsabilidad. El Estado, en sus tres niveles, debe trabajar como uno solo. Y la ciudadanía también debe participar, identificando riesgos, respetando las recomendaciones de Defensa Civil y evitando ocupar zonas vulnerables.
El fenómeno El Niño no espera trámites administrativos. La naturaleza tampoco.