Por : Walter Miguel Quito Revello
La semana pasada acudí a la sede de COFOPRI en Chimbote y me encontré con una situación que debería llevarnos a reflexionar sobre la presencia real del Estado en nuestra provincia. La propia página oficial de COFOPRI reconoce la existencia de una “Oficina Zonal Áncash-Chimbote”, ubicada en el interior de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, además de la Oficina Zonal de Huaraz.
Sin embargo, al acudir a la sede de Chimbote, encontré una estructura de atención muy reducida: una recepcionista y un vigilante. Pero el verdadero problema está detrás de esa puerta. ¿Qué COFOPRI necesita Chimbote? Chimbote y la provincia del Santa tienen una enorme necesidad de saneamiento físico-legal, formalización y titulación.
COFOPRI no ha desaparecido. Continúa siendo un organismo adscrito al Ministerio de Vivienda y mantiene funciones de formalización, saneamiento físico-legal y titulación. Además, sus Oficinas Zonales son órganos desconcentrados encargados de formular, coordinar, ejecutar y supervisar acciones dentro de su ámbito. Entonces la pregunta es inevitable: “¿Está la Oficina Zonal de Chimbote cumpliendo efectivamente una función acorde con las necesidades de nuestra provincia?” ¿Y qué papel cumplen las municipalidades?
Tampoco podemos afirmar que todo el saneamiento físico-legal corresponde exclusivamente a COFOPRI. La Ley N.° 31560 reconoce competencias a las municipalidades provinciales para planificar, organizar y coordinar la formalización de la propiedad informal, incluyendo el saneamiento físico-legal hasta la inscripción de los títulos en SUNARP. También reconoce determinadas competencias a las municipalidades distritales. Por tanto, no estamos necesariamente ante una duplicidad de funciones, sino ante un sistema de competencias compartidas que exige coordinación.
La propia ley establece mecanismos para evitar que COFOPRI y las municipalidades intervengan simultáneamente sobre las mismas posesiones informales. Entonces la pregunta es: “Si COFOPRI y las municipalidades tienen competencias, ¿quién está atendiendo efectivamente a los ciudadanos de Chimbote que necesitan sanear y formalizar sus propiedades?” No basta con tener una oficina. El problema no es si COFOPRI debe desaparecer. “No ha desaparecido” Tampoco se trata de afirmar que las municipalidades no tengan competencias. Sí las tienen. El problema es saber si el sistema está funcionando. ¿Cuántos trabajadores tienen actualmente COFOPRI en Chimbote? ¿Cuántos son profesionales? ¿Cuántos expedientes se atienden directamente aquí? ¿Cuántos son derivados a Huaraz? ¿Cuánto demora un ciudadano de la provincia del Santa en obtener una respuesta? Y, sobre todo: ¿Qué resultados concretos está produciendo la Oficina Zonal de COFOPRI-Chimbote?
Una oficina pública no se justifica solamente porque tenga un letrero, una dirección y una puerta. Se justifica por el servicio efectivo que presta a la ciudadanía. No se trata de culpar al vigilante ni a la recepcionista. Ellos cumplen una función determinada. La responsabilidad institucional es mucho mayor. Chimbote no necesita simplemente que COFOPRI tenga una oficina. Chimbote necesita que COFOPRI funcione. Y necesita también que nuestras municipalidades ejerzan plenamente las competencias que la ley les ha otorgado. Porque detrás de cada expediente hay una persona. Detrás de cada lote hay una familia. Y detrás de cada título de propiedad hay años de esfuerzo. “La propiedad de una familia no es un expediente. Es su patrimonio, su seguridad y muchas veces el resultado de toda una vida de trabajo”