El informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre las brechas de agua y saneamiento en el país deja una conclusión que debería generar preocupación en las autoridades y en los organismos responsables del servicio: las empresas prestadoras no solo tienen dificultades para ampliar la cobertura, sino que tampoco son capaces de aprovechar eficientemente el agua que ya producen.
El dato es contundente: de las 50 empresas prestadoras de agua y saneamiento evaluadas, 38 no facturan al menos el 30 % del agua que producen. En seis de ellas, el porcentaje supera el 50 %. Se trata de agua que se pierde por fugas, conexiones clandestinas, deficiencias en las redes o ausencia de una adecuada medición del consumo.
No estamos hablando únicamente de un problema técnico. Es también un problema económico y de gestión. Cada metro cúbico de agua que se produce, se pierde y no se factura representa recursos que la empresa deja de percibir. Y esos recursos podrían ser utilizados precisamente para aquello que hoy más se necesita: reparar redes, ampliar la cobertura, mejorar la continuidad del servicio y garantizar agua de calidad.
Los casos de Agua Tumbes, EPS Grau y Sedaloreto, con niveles de agua no facturada de 69.9 %, 62.5 % y 60.5 %, respectivamente, muestran la magnitud del problema. Una empresa que pierde más de la mitad del agua que produce difícilmente puede alcanzar una situación financiera saludable y mucho menos asumir grandes inversiones para cerrar las brechas existentes.
El problema adquiere mayor gravedad cuando se observa que 13 prestadoras tienen menos de la mitad de sus conexiones con medidor. ¿Cómo puede una empresa gestionar correctamente un servicio si ni siquiera conoce con precisión cuánto consume cada usuario? La falta de medición favorece las pérdidas comerciales, dificulta una facturación justa y debilita los ingresos de las EPS.
A ello se suma que 13 empresas tienen costos operativos superiores a sus ingresos y que 20 se encuentran bajo administración del OTASS debido a problemas de gestión. El panorama revela un círculo vicioso: empresas financieramente débiles, redes deterioradas, pérdidas de agua, bajos niveles de facturación y poca capacidad para invertir.
En Áncash, esta realidad debe ser observada con especial atención. Sedachimbote no puede ser ajena a este debate. La discusión sobre el agua no debería limitarse a reclamar nuevas obras, reservorios o ampliaciones de redes. También debe preguntarse cuánto del agua que actualmente se produce llega realmente a los usuarios, cuánto se pierde en las redes y cuánto de ese volumen termina sin generar ingresos para la empresa.
Porque producir más agua no necesariamente significa solucionar el problema. Si una parte importante se pierde antes de llegar al usuario o no se registra adecuadamente, se pueden seguir destinando millones a nuevas infraestructuras sin resolver la ineficiencia de fondo.
El informe del IPE llega, además, en un momento en que las próximas autoridades regionales y municipales deberían asumir compromisos concretos sobre agua y saneamiento. No basta con prometer grandes proyectos. También es indispensable exigir metas de reducción de agua no facturada, instalación de medidores, control de conexiones clandestinas, renovación de redes deterioradas y transparencia sobre los costos reales de operación.
El agua perdida es también dinero perdido. Y cuando una EPS deja de facturar millones de metros cúbicos, pierde capacidad para invertir y los usuarios terminan pagando las consecuencias.
La solución, por tanto, no pasa únicamente por conseguir más presupuesto. Pasa por administrar mejor lo que ya se tiene. Cada gota que hoy se pierde y cada metro cúbico que no se factura representa una oportunidad menos para mejorar el servicio.
El gran desafío para las EPS no es solamente producir y distribuir agua. Es hacerlo con eficiencia, medirla, facturarla y convertir esos ingresos en mejores servicios para la población. Mientras eso no ocurra, las brechas de agua y saneamiento seguirán siendo también brechas de gestión.