La denuncia formulada por la abogada Rocío Acosta Saavedra sobre el presunto maltrato verbal que habría sufrido en las instalaciones de la Policía Judicial de Chimbote no debería pasar inadvertida. No solamente porque involucra a un efectivo policial, sino porque pone nuevamente sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién defiende a los abogados cuando sienten que su propia institución profesional no los respalda?
De acuerdo con la versión de la letrada, el pasado 20 de agosto habría sido objeto de expresiones humillantes y de un trato hostil mientras cumplía con su labor de defensa de una persona detenida. La abogada sostiene que fue conminada a retirarse de la dependencia policial y que incluso un efectivo habría intentado sacarla del lugar.
Son hechos que corresponden ser investigados por las instancias competentes. La denuncia presentada ante Inspectoría de la Policía Nacional deberá determinar qué ocurrió realmente, si hubo abuso de autoridad, maltrato o una actuación que excedió las atribuciones del personal policial. En un Estado de derecho, nadie puede ser condenado públicamente antes de una investigación, pero tampoco ninguna denuncia debería ser desestimada sin ser escuchada.
Sin embargo, hay otro aspecto que resulta particularmente preocupante: la respuesta que, según la denunciante, habría recibido del Colegio de Abogados del Santa.
Un colegio profesional no debería ser solamente una institución que cobra cuotas, organiza ceremonias o emite pronunciamientos. Tiene también una responsabilidad fundamental: defender el ejercicio profesional de sus integrantes y garantizar que los abogados puedan cumplir su función sin intimidaciones, humillaciones ni obstáculos indebidos.
Por ello, si una agremiada acude a su colegio denunciando un presunto atropello mientras ejercía su profesión, lo mínimo que puede esperar es ser escuchada con seriedad, recibir orientación y comprobar que su institución ha verificado cuidadosamente los hechos antes de adoptar cualquier medida.
Resulta aún más preocupante la afirmación de que el oficio remitido por el Colegio de Abogados habría consignado el nombre de un efectivo distinto al que ocupa la jefatura de la Policía Judicial. Si ello se confirma, no sería un simple error administrativo. Revelaría una preocupante falta de diligencia frente a una denuncia que merecía mayor atención.
La decepción de una abogada ante su propio colegio profesional debería llamar a la reflexión. Si los abogados sienten que denunciar un presunto maltrato no sirve para obtener respaldo institucional, muchos otros podrían preferir guardar silencio. Y el silencio, cuando existen posibles abusos, termina favoreciendo precisamente a quienes deberían rendir cuentas.
La defensa de la dignidad profesional no puede ser selectiva ni depender de amistades, cargos o circunstancias. Tampoco puede limitarse a enviar un oficio de trámite.
Corresponde ahora que la Policía Nacional investigue la denuncia y que el Colegio de Abogados del Santa explique a su agremiada qué acciones concretas adoptará. Defender a los abogados también significa exigir respeto para quienes, diariamente, ingresan a comisarías, juzgados y dependencias policiales para garantizar el derecho de defensa.
La institucionalidad se demuestra cuando una denuncia incómoda es atendida con seriedad, no cuando se intenta minimizarla.
Porque cuando una abogada pide que se respete su dignidad profesional, su colegio debería ser el primero en escucharla.