En Red Pacífico Sur
El Consejo Regional de Áncash aprobó por mayoría el Informe N.° 03-2026-GRA/CR-KCLL, que advierte presuntas irregularidades en la contratación de servicios de mantenimiento de ambulancias pertenecientes a los establecimientos de salud de Moro, San Jacinto, Pariacoto y Huanchay, correspondientes a la Red de Salud Pacífico Sur.
El informe, elaborado en el marco de las acciones de fiscalización dispuestas mediante el Acuerdo de Consejo Regional N.° 095-2026-GRA/CR, revisó la documentación relacionada con los requerimientos, términos de referencia, cotizaciones, certificaciones presupuestales, órdenes de servicio, conformidades y pagos efectuados entre noviembre de 2025 y abril de 2026.
Entre sus principales conclusiones, el Consejo Regional señala que los términos de referencia utilizados para contratar los servicios no habrían establecido adecuadamente el perfil, experiencia ni la capacidad técnica del proveedor. Asimismo, no se habría contado con un diagnóstico técnico previo que permitiera determinar el estado de cada ambulancia, así como los repuestos y trabajos realmente necesarios para garantizar su operatividad.
Otro aspecto observado corresponde a las cotizaciones obtenidas durante la indagación de mercado, las cuales no habrían detallado los precios unitarios de los bienes, servicios o actividades que serían ejecutados en cada unidad vehicular.
El informe también advierte que los requerimientos habrían sido divididos en montos inferiores a 8 UIT, pese a estar relacionados con un mismo objeto contractual. Los servicios alcanzaron S/ 53 200 en 2025 y S/ 60 350 en 2026. Según el documento, esta situación habría generado contrataciones fraccionadas y limitado la participación de otros proveedores, así como la posibilidad de obtener mejores condiciones de calidad y precio.
Ante estos hallazgos, el Consejo Regional recomendó remitir los actuados a la Dirección de la Red de Salud Pacífico Sur para que, mediante la Secretaría Técnica del Procedimiento Administrativo Disciplinario (PAD), evalúe la investigación y precalificación de los funcionarios Niel Avalos Laurente, María Moreno Navarrete y Elvira López Díaz.
También exhortó a adoptar medidas correctivas e informar sobre su cumplimiento en un plazo de 30 días calendario. Finalmente, dispuso remitir la documentación al Procurador Público Adjunto Regional y al Órgano de Control Institucional de la DIRESA Áncash, para que actúen conforme a sus competencias.